El texto hace una serie de peticiones dirigidas a mantener los derechos fundamentales de los pacientes “de manera coherente con la salud pública”, especialmente el acceso al cannabis como medicina útil y necesaria para ellos. Los firmantes recuerdan que la utilidad medicinal del cannabis y derivados ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud, y que “son una parte crucial de los regímenes de tratamiento de cientos de miles de personas en todo el mundo”.

La carta, que ha sido apoyada públicamente por otras organizaciones internacionales, recuerda que para los pacientes que usan cannabis “la incertidumbre de la pandemia se ve agravada por la posibilidad de perder el acceso a una opción de tratamiento”. Por esto piden que sea cual sea el régimen legal del cannabis medicinal en cada país, los gobiernos no carguen contra los usuarios de cannabis medicinal, exponiendo medidas específicas como no cerrar los dispensarios (en países con un programa legal), detener la intervención sobre las personas que intervienen en el suministro de productos de cannabis, o la suspensión de las redadas policiales y la represión sobre cultivos domésticos.

“Las dudas políticas sobre la validez de un tratamiento de ninguna manera pueden justificar la interrupción de dicho tratamiento. Justificar tal interrupción por motivos de salud pública relacionados con una pandemia es cínico”, explica la carta.