Jonathan Christopher Collyer, Lisa Ellen Stocker y Phineas Ambrose Float, todos originarios de East Sussex (Inglaterra), enfrentan cargos por presunto tráfico de drogas en un tribunal de la isla indonesia de Bali. Las autoridades los acusan de haber introducido 993,56 gramos de cocaína al país escondida en sobres del postre en polvo de la marca Angel Delight. La sustancia fue hallada por agentes de aduanas en febrero durante un control rutinario en el aeropuerto internacional de Bali.

Según informó el fiscal I Made Dipa Umbara durante la lectura de cargos, diez sobres estaban en el equipaje de Collyer y siete en el de Stocker. Ambos habrían recibido las instrucciones de transportar los paquetes desde Reino Unido, haciendo escala en Doha, Qatar. El valor estimado de la droga supera los 322 mil euros. Stocker declaró ante el tribunal que fue engañada y que "los paquetes no eran suyos", mientras que Collyer aseguró que creía estar llevando golosinas a pedido de un conocido.

La detención de Phineas Float ocurrió dos días después mediante una entrega controlada organizada por la policía local. Los tres fueron formalmente imputados y sus procesos judiciales avanzan en paralelo. Indonesia mantiene una política de tolerancia cero contra el tráfico. La legislación vigente permite la aplicación de la pena de muerte, usualmente mediante fusilamiento, para delitos de narcotráfico. Aunque el país sostiene una moratoria de facto desde 2017, la posibilidad legal sigue vigente y afecta especialmente a extranjeros.

Actualmente hay 530 personas en el corredor de la muerte en Indonesia, 96 de ellas extranjeras. El caso más conocido es el de Lindsay Sandiford, también británica, condenada en 2013 tras ingresar 3,8 kilogramos de cocaína a Bali. Sandiford permanece encarcelada desde entonces en duras condiciones, en una prisión de alta seguridad.

Este caso vuelve a poner en el foco la dureza del modelo indonesio, que combina penas extremas con un historial de ejecuciones controvertidas. Mientras gobiernos como el británico han sido reticentes a intervenir, organizaciones de derechos humanos cuestionan la proporcionalidad de estas condenas.