La Parliamentary Budget Office (PBO) de Victoria realizó el cálculo a petición de David Limbrick, diputado del Partido Libertario en el Consejo Legislativo estatal. El escenario estudiado contempla un mayorista de propiedad pública encargado de comprar cannabis a productores con licencia y distribuirlo a comercios autorizados, mientras empresas privadas podrían participar en el cultivo y la venta minorista.

Según las cifras difundidas del análisis, el modelo generaría aproximadamente 1.430 millones de dólares australianos en ingresos hasta el ejercicio 2037. De esa cantidad se descontarían unos 53 millones en gastos operativos y 9,4 millones en inversiones iniciales para instalaciones, equipamiento y puesta en marcha. El saldo proyectado sería una mejora acumulada cercana a los A$1.368 millones para las finanzas estatales.

El esquema permitiría además una cantidad limitada de cultivo doméstico y crearía un organismo encargado de las licencias y el cumplimiento de las reglas. Si fuera aprobado, el cronograma considerado por la PBO situaría el comienzo de las ventas legales a mediados de 2028, después de aproximadamente un año de preparación regulatoria.

Es importante destacar que la estimación está condicionada por cuántas personas pasarían del mercado ilícito al regulado y por la diferencia de precios entre ambos circuitos. La dificultad para medir el actual mercado ilegal y anticipar el comportamiento de los consumidores aparece entre las principales fuentes de incertidumbre del cálculo.

Sin embargo, en agosto de 2026 el Gobierno estatal señaló ante el Parlamento que no tenía planes para despenalizar la posesión y el uso personal de cannabis. Paralelamente, otras iniciativas debatidas en la legislatura han propuesto cambios diferentes, entre ellos una consulta ciudadana vinculada a la posesión y el autocultivo.

Si bien la PBO ya había estudiado anteriormente el impacto económico de otras alternativas regulatorias, la novedad de este ejercicio está en poner cifras a un diseño específico, donde el Estado concentraría la distribución mayorista mientras productores y comercios operarían bajo licencia. Los A$1.368 millones funcionan así como una proyección fiscal para un escenario posible, cuyo resultado dependería tanto de una reforma legal todavía pendiente como de cuánto mercado consiga trasladarse desde el circuito ilícito al regulado.