Un informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) analiza el Proyecto de la Cámara 1281, una iniciativa aún en trámite que busca modificar la actual regulación del cannabis medicinal. La propuesta reduciría considerablemente las condiciones que permiten acceder al programa, concentrándolo principalmente en pacientes con enfermedades terminales o condiciones debilitantes directamente relacionadas con ellas.

Para dimensionar sus posibles efectos, la OPAL trabajó con distintos supuestos y estimó que, en el escenario de mayor impacto, el número de personas elegibles podría reducirse en un 95 %. Bajo esa hipótesis, la contracción del mercado regulado tendría consecuencias que irían bastante más allá de dispensarios y pacientes. El sistema ya había mostrado otras señales de tensión, como la reducción del número de médicos habilitados para acompañar tratamientos con cannabis.

La oficina calcula que el impacto fiscal podría alcanzar unos US$53 millones anuales desde el año fiscal 2027. La mayor parte correspondería a menores ingresos por impuestos sobre las ventas y sobre los ingresos, además de una reducción en la recaudación procedente de licencias y otras actividades económicas vinculadas al programa. En otros mercados regulados, los impuestos al cannabis ya representan una fuente relevante de ingresos públicos.

Parte de esos recursos tiene además destinos sanitarios específicos. Según el análisis presupuestario, el Hospital de Trauma del Centro Médico de Río Piedras podría dejar de recibir alrededor de US$2,2 millones anuales, mientras que el Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas perdería cerca de US 3,9 millones bajo el escenario más restrictivo estudiado.

La discusión muestra una dimensión menos visible de las políticas de cannabis medicinal. Después de años construyendo un mercado regulado que recauda impuestos y financia determinados servicios públicos, restringir quién puede participar también tiene un costo medible para el propio Estado. En Puerto Rico, esa dimensión económica ya forma parte de la discusión sobre el futuro del programa.