Aunque la censura sobre el cannabis suele imaginarse bajo formas más visibles, en ocasiones avanza por caminos mucho más silenciosos. Una categoría jurídica, una interpretación administrativa y una fecha de aplicación pueden bastar para que aceites, infusiones, caramelos, gominolas y otros productos con cannabidiol queden fuera de los circuitos comerciales donde hasta ahora circulaban con relativa normalidad.
En Francia, el cierre se apoya en el reglamento europeo sobre CBD como nuevo alimento, que exige una autorización previa para los productos que no hayan sido consumidos de forma significativa en la Unión Europea antes del 15 de mayo de 1997. La Comisión Europea defiende que esa evaluación busca garantizar la seguridad alimentaria, pero en el caso del CBD el procedimiento lleva años atrapado en una espera técnica ya que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria mantiene paralizadas sus evaluaciones desde 2022 hasta recibir más datos sobre sus posibles efectos.
La consecuencia de esa espera, convertida ahora en criterio de control, no se limita a los estantes de las tiendas especializadas ni al universo urbano del bienestar. La Confédération paysanne denunció el 6 de mayo que la aplicación decidida por el Ministerio de Agricultura francés suprime la posibilidad de vender cáñamo y CBD con usos alimentarios. Para el sindicato agrario, la medida amenaza a cientos de explotaciones, circuitos cortos y proyectos campesinos que habían encontrado en el cáñamo una forma de diversificar su actividad sin abandonar la escala local.
Se debe tener en cuenta que Francia no ilegaliza el cáñamo como planta ni todos los usos del CBD, pero el nuevo criterio vuelve a tensar una historia regulatoria marcada por avances y retrocesos en torno a la prohibición del CBD en Francia. Mientras la administración invoca la seguridad alimentaria, las organizaciones del sector advierten que el modo de aplicar la norma favorece a quienes pueden financiar expedientes técnicos complejos y deja a la intemperie a quienes producen, transforman y venden en escalas pequeñas.
La situación en Francia muestra un problema que atraviesa a todo el cáñamo en Europa donde el reconocimiento parcial de una planta convive con dispositivos regulatorios que pueden vaciar de contenido cualquier apertura. La censura, aquí, no opera tanto sobre la posibilidad de existir en el mercado, si no quién tiene derecho a cultivar o ser parte de la cadena productiva del cáñamo.
