Hay que tener en cuenta que esta prórroga no abre la puerta a nuevos usuarios,  sino más bien busca sostener la continuidad de quienes ya estaban en el programa y que finalizó formalmente el 31 de diciembre de 2024. Desde el 1 de enero de 2025 funciona un régimen “puente” que mantiene prescripción y dispensación, pero solo para pacientes previamente incluidos.

La novedad de enero de 2026, reportada por medios especializados, es que el Ministerio comunicó que la cobertura seguirá más allá del 31 de marzo de 2026, aunque sin fijar una fecha final. El anuncio se habría transmitido durante la reunión del 14 de enero de 2026 del Comité Científico Temporal (CST) de la ANSM encargado del seguimiento del dispositivo. La organización profesional UIVEC celebró el alivio inmediato, pero insistió en que las prórrogas no sustituyen una salida estable.

Ese marco estable existe en borradores que aún no se materializan. El 19 de marzo de 2025, el Gobierno notificó a la Comisión Europea proyectos regulatorios vinculados a producción y control del cannabis para uso médico. En el sistema TRIS, al menos una notificación cerró su período de statu quo el 20 de junio de 2025, un paso técnico relevante, pero insuficiente ya que para operar en la práctica, los textos deben publicarse y articularse con el resto del circuito sanitario.

El nudo político aparece donde el debate toca al Estado social y tiene relación con el reembolso y los criterios. La Haute Autorité de Santé (HAS) explica que el Ministerio la solicitó el 17 de marzo de 2025 para evaluar medicamentos a base de cannabis autorizados por la ANSM con vistas a una posible cobertura. Sin embargo, la propia HAS señala que falta un decreto que determine el procedimiento y en diciembre de 2025 se informó un aplazamiento de su calendario de evaluación.

Francia sostiene el acceso para quienes ya estaban dentro, pero sigue postergando la normalización que convertiría esa excepción en política pública. En este intertanto, el país administra el riesgo de un corte abrupto con prórrogas sucesivas, mientras miles de potenciales pacientes permanecen fuera del sistema. La pregunta que queda abierta no es técnica, sino sobre la voluntad política y dejar de mantener al cannabis medicinal como un experimento prolongado y pasará a ser un derecho sanitario.