Con esta acción busca dar continuidad a la prueba piloto realizada entre 2021 y concluida a finales de 2024. El documento enviado contempla  las reglas de funcionamiento del programa (quién puede recetar, seguimiento y control), los estándares de calidad y seguridad de los productos y las normas para el cultivo en territorio francés.

Con la notificación se activa el sistema TRIS de la UE: una pausa técnica de unos tres meses en la que Bruselas y los Estados miembros revisan y pueden opinar. Después, los textos pasan por el Consejo de Estado y, si se validan, se publican en el Journal Officiel.

El acceso será prudente. El cannabis se usará como última opción cuando otros tratamientos no funcionen, la primera receta será hospitalaria y sólo para indicaciones concretas, tal como ocurrió en la fase piloto. La ANSM (agencia del medicamento) dará autorizaciones de cinco años, renovables, cuando aún no haya datos clínicos suficientes para una autorización clásica. La HAS (autoridad de evaluación) valorará el interés terapéutico y sus recomendaciones marcarán si el seguro público reembolsa o no. Para evitar interrupciones, el Gobierno extendió hasta el 31 de marzo de 2026 la cobertura de quienes ya estaban en tratamiento.

En cultivo y cadena de suministro, el plan exige permisos ante la ANSM, contratos entre cultivadores y farmacias, medidas de seguridad en las instalaciones y control del transporte y el almacenamiento. Todo bajo estándares GMP (buenas prácticas de fabricación) y con farmacovigilancia, es decir, registro y seguimiento de efectos. La idea es que el camino desde la planta hasta la dispensación sea trazable y seguro.

Este marco regulatorio riguroso busca reducir el estigma entre profesionales, mejora la trazabilidad y evita decisiones discrecionales que han complicado otras experiencias. En julio de 2025, la HAS publicó la metodología para evaluar estos productos sin autorización plena y abrió consultas públicas con agencias, sociedades científicas y asociaciones de pacientes y usuarios.

Si prospera el plan francés, estricto pero previsible, puede ofrecer una ruta con foco en la gestión sanitaria más que en el debate político. Eso sí, falta observar cómo impacta en el acceso real consolidando derechos y dando estabilidad al sistema.