Gran parte de las fuerzas de seguridad francesas creen que el control callejero para combatir el uso de cannabis tiene poca o nula eficacia. Así lo asegura un reciente estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre Derecho e Instituciones Penales (CESDIP), donde se detalla que el 39,2% de los gendarmes y policías respondieron que las revisiones de identidad no sirven de nada.

Según el Tribunal de Cuentas de Francia, se realizan cerca de unos 47 millones de controles en la vía pública de Francia. Pero dentro de las propias fuerzas cuestionan esta práctica. La propia policía, que es el cuerpo que más se dedica a la vigilancia de transeúntes, es la más escéptica a la búsqueda de usuarios de cannabis. El 69,5% de ellos considera que el método es poco o nada eficaz. 

Este estudio fue realizado a partir del encargo de la Defensora de Derechos, la periodista Claire Hédon, para estudiar las condiciones en las que trabajan las fuerzas de seguridad y sus actitudes hacia la población. En otro de los puntos que respondieron cientos de policías y gendarmes, se les consultó sobre el uso de la fuerza para obtener confesiones de potenciales delincuentes. 

Si bien el 90% de los encuestados contestó estar en contra del uso de la violencia, seis de cada diez también dijeron que en algunos casos debería tolerarse. De todos modos, la gran mayoría aseguró que tienen muy poca formación profesional para reducir las agresiones. Mientras que el 12% de los gendarmes contó haber tenido algún tipo de curso en esta materia, en el caso de los policías se reduce al 5%. Además, casi la mitad de los agentes dijo estar insuficientemente formado en derechos ciudadanos. 

Este estudio fue realizado a partir de una encuesta a 976 gendarmes y 655 policías repartidos en siete departamentos de las regiones de París, Auvernia, Ródano y Alpes. Tras la publicación de los resultados, la Defensora de Derechos ha invitado a las autoridades e instituciones públicas a aplicar las recomendaciones que detalla el documento, como “reforzar la formación inicial y continua de los agentes” y “establecer un sistema para evaluar la práctica de los controles de identidad, su eficacia e impacto en las relaciones con la población”.