En marzo de 2025, el ejecutivo húngaro lanzó una campaña nacional antidroga, seguida en abril por una enmienda constitucional que prohíbe "la producción, el consumo, la distribución y la promoción de las drogas" en todo el país. Estas medidas, presentadas como una cruzada moral para proteger a la juventud, marcan un giro autoritario en la política de salud pública.

Hasta 2009, Hungría era reconocida por sus programas de reducción de riesgos, que contribuyeron a disminuir la transmisión de VIH y hepatitis entre usuarios de drogas inyectables. Sin embargo, con la llegada al poder del partido Fidesz en 2010, se desfinanciaron estos servicios, se cerraron centros de atención y la estrategia nacional antidroga quedó obsoleta. Según el periodista Tamás Kardos, "los recursos dedicados a la lucha contra las drogas se redujeron a la décima parte y las instituciones clave fueron desmanteladas".

Lejos de resolver el problema, las políticas punitivas parecen haberlo agravado. El informe ESPAD 2024 situó a los jóvenes húngaros de 15 a 16 años como los primeros en Europa en consumo de tabaco, alcohol, cigarrillos electrónicos, anfetaminas y MDMA. Estos datos cuestionan la efectividad de la criminalización y las tácticas de miedo para reducir la demanda.

Mientras se recrudece la represión, el gobierno promueve el consumo de alcohol a través de un "programa de bares" que subsidia establecimientos en pequeñas localidades. Según la Organización Mundial de la Salud, casi uno de cada cinco húngaros tiene problemas con el alcohol, una tasa superior a la media europea, pero el ejecutivo sigue bloqueando el acceso al cannabis medicinal y penalizando severamente a quienes lo consumen.

La aplicación de las nuevas leyes ha dado lugar a denuncias de registros arbitrarios y violencia policial. El caso más alarmante ocurrió en Szeged, donde un hombre de 56 años murió tras ser golpeado durante un control rutinario al ser sorprendido con unos gramos de cannabis. La investigación interna exculpó a los agentes, calificando la actuación de "necesaria y proporcionada", pese a la indignación pública.

La deriva represiva de Hungría ilustra cómo la prohibición y la criminalización no sólo fracasan en reducir el consumo, sino que erosionan derechos fundamentales y perpetúan la violencia institucional a través de la obsoleta política de guerra contra las drogas.