Mientras buena parte del mundo avanza lentamente hacia políticas de drogas más humanas y efectivas, Hungría parece empecinada en retroceder. El gobierno de Viktor Orbán, ya conocido por su línea autoritaria, ha decidido profundizar su ofensiva contra las y los usuarios de drogas. En un reciente discurso, el primer ministro sentenció que “los traficantes no merecen piedad” y anunció su intención de reformar la constitución para penalizar el consumo, según informó Drug Reporter.

Las redadas policiales se han intensificado en zonas rurales y empobrecidas, apuntando a personas que consumen sustancias sintéticas de bajo costo. Esta estrategia, disfrazada de “protección a la ciudadanía”, encaja más con una jugada electoral que con una política sanitaria. Como explicó el analista Péter Sárosi a Euronews, se trata de una clásica maniobra de “populismo penal”, aprovechando que la mayoría de la población apoya estas medidas represivas.

Lo más llamativo es la contradicción: Hungría, uno de los países con más problemas de alcoholismo en Europa, ha liberalizado y financiado la industria del alcohol. La misma semana del anuncio represivo, Orbán destinó 2,5 millones de euros a apoyar los bares rurales. ¿Salud pública o doble moral?

Las políticas de reducción de daños, ampliamente probadas en otros países, han sido desmontadas sistemáticamente. El gobierno cerró programas de intercambio de jeringuillas, prohibió la educación sobre drogas en escuelas y eliminó el Instituto Nacional de Prevención.

La estrategia nacional adoptada en 2013 para “liberar al país de drogas en siete años” ha producido más represión que resultados. Hoy, entre 6.000 y 7.000 personas —mayoritariamente jóvenes consumidores de cannabis— son arrestadas cada año. En Hungría, la guerra contra las drogas no solo sigue viva: se ha convertido en una herramienta más del autoritarismo.