En Río Blanco, en las laderas húmedas de los Yungas, la coca se nombra como herencia antes que como amenaza, cruzando el trabajo familiar, los mercados locales y usos cotidianos que van del acullico al mate. Allí, la planta aparece como eje de vida comunitaria y no como una mercancía criminal, pese a que ―a nivel planetario― suele leerse bajo la sombra de su transformación en cocaína.

El reciente reportaje publicado en TalkingDrugs recorre esa cotidianidad y la conecta con el modelo boliviano de “control social”, basado en sindicatos y vigilancia comunitaria. Bajo ese esquema, cada familia puede cultivar una parcela acotada (hasta 1.600 m²) y el excedente se sanciona con medidas que incluyen la destrucción de hoja y la suspensión temporal del derecho a sembrar. En el plano legal, la Ley General de la Coca (Ley 906, 2017) amplió el área habilitada para cultivo legal de 12.000 a 22.000 hectáreas y delimitó zonas autorizadas y no autorizadas.

El desafío boliviano también se juega en los tratados. En 2011 el país se retiró de la Convención Única de 1961 y, en 2013, reingresó con una reserva para proteger prácticas tradicionales como el acullico dentro de sus fronteras. Sin embargo, el cerrojo internacional se mantuvo ya que en diciembre de 2025, el Comité de Expertos en Farmacodependencia de la OMS concluyó su primera “revisión crítica” de la hoja y recomendó conservar su estatus en la Lista I, reconociendo su valor cultural pero señalando riesgos ligados a la producción de cocaína.

En paralelo, los datos oficiales vuelven visible la fricción entre lo permitido y lo real. Naciones Unidas en Bolivia informó que en 2024 la superficie de coca alcanzó alrededor de 34.000 hectáreas (10% más que en 2023) y que el Estado reportó la eliminación de 10.001 hectáreas entre erradicación y racionalización. El debate se tensó aún más cuando el presidente Rodrigo Paz decidió reabrir la puerta a la DEA tras casi 20 años, una medida anunciada en noviembre de 2025 y leída como señal de giro en la política antidrogas.

Entre la regulación comunitaria y la presión externa, Bolivia ha demostrado que es posible organizar mercados legales y mecanismos de control que reduzcan la violencia asociada a la erradicación, pero ese margen choca con un marco internacional que mantiene a la hoja en la categoría más restrictiva. 

Con la recomendación de la OMS, el foco se desplaza hacia la arena multilateral donde los Estados deciden si revisan o no ese estatus. Mientras tanto, la disputa seguirá entre mejorar la trazabilidad interna y el control de desvíos y disputar en organismos internacionales la diferencia entre una planta ancestral y los circuitos globales de la cocaína.