Una ong de Estados Unidos ha recurrido ante la Corte Suprema una sentencia que prohibió la apertura de salas de consumo supervisado de drogas en el país. La ong Safehouse ha presentado el caso al tribunal esta semana como respuesta al bloqueo que impuso un tribunal federal en enero. La organización estaba preparada para inaugurar un centro de consumo de drogas supervisado en Filadelfia, como medida para reducir el número de muertes y sobredosis que se producen anualmente en la ciudad, pero el proyecto fue llevado a juicio en 2019 por la administración de Donald Trump.

La Corte Suprema ha recibido la petición para pronunciarse sobre el caso, pero todavía no se sabe si aceptará. De hacerlo, la decisión sentaría un precedente que podría condicionar las políticas en este ámbito durante los próximos años. Según Marijuana Moment, la decisión de la ong ha sido arriesgada teniendo en cuenta que el tribunal tiene actualmente una mayoría de jueces conservadores.

El proyecto de la sala de consumo supervisado fue impulsado por Safehouse para reducir las muertes, pero antes de inaugurarse la administración de Donald Trump intentó frenarlo frente a los tribunales. La ong ganó la primera batalla en un tribunal de distrito federal en 2019, pero no ganó la siguiente sentencia: en enero de este año la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito anuló la decisión del tribunal anterior y dictaminó que permitir tales instalaciones violaría un estatuto federal de la década de 1980.

El estatuto en cuestión prohíbe a cualquier organización realizar actividades “con el propósito de usar ilegalmente [...] sustancias controladas”, según cita Marijuana Moment. Esa ley fue aprobada mientras Biden era senador y ayudó a impulsar políticas de criminalización contra los usuarios de drogas que han tenido efectos negativos duraderos sobre poblaciones de EE UU, especialmente las comunidades negras y de color. En su apelación a la Corte Suprema, la ong solicita al tribunal que determine si ese estatuto federal realmente prohíbe a entidades sociales y sin ánimo de lucro establecer sitios de consumo seguro supervisados médicamente.

“Esta pregunta es una cuestión de vida o muerte para miles de habitantes de Filadelfia y muchos miles más en todo el país. Trágicamente, mientras los encuestados han estado persiguiendo esta sentencia declaratoria contra Safehouse, más de 3200 personas murieron en Filadelfia por sobredosis de drogas, muchas de las cuales podrían haberse evitado si la atención médica hubiera estado disponible de inmediato a través de servicios de consumo supervisado”, argumenta Safehouse en su petición a la Corte Suprema.