De selva a polvo es el nombre del extenso informe publicado por la coalición internacional Intersection – Land Use, Drug Policy and Climate Justice, en colaboración con diversas organizaciones sociales y ambientales. El documento analiza los impactos sociales y ecológicos de la prohibición de la cadena de producción de coca y cocaína en la cuenca amazónica y Brasil.

A lo largo de más de 100 páginas, el informe reconstruye el devenir histórico de la hoja de coca, desde su uso ancestral en los Andes hasta su criminalización global y revela cómo las políticas prohibicionistas no solo han fracasado en reducir el comercio de cocaína, sino que además han intensificado la violencia, la destrucción ambiental y el desplazamiento forzado de comunidades.

Rebeca Lerer, periodista y activista de derechos humanos en Brasil, editora del informe y fundadora de la coalición Intersection, señala que cuando el conflicto armado o la presencia militar llega a una región, la producción de coca se traslada a zonas más remotas y boscosas, lo que empuja la deforestación. Posteriormente, al erradicar los cultivos, se habilita el ingreso de actividades extractivas como la minería o la ganadería.

El estudio también documenta cómo el narcotráfico financia otras economías ilegales –como la pesca y la tala clandestina– y sostiene una infraestructura que favorece el crimen ambiental. La producción y refinamiento de cocaína libera contaminantes peligrosos como gasolina, ácido sulfúrico o acetona, los cuales terminan en los ríos y suelos de la selva, afectando la biodiversidad. A esto se suman los daños provocados por la fumigación aérea con glifosato.

En paralelo, el crecimiento del papel de Brasil en el comercio global de cocaína ha consolidado la participación de grupos armados como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Rojo, según el informe. Estas organizaciones han reforzado su control sobre rutas logísticas que atraviesan territorios indígenas, agravando la violencia y dificultando la acción estatal.

Los datos también muestran que la pérdida de bosque vinculada al cultivo de coca se ha duplicado en la última década, llegando a superar las 20.000 hectáreas anuales en algunos períodos. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el rendimiento potencial por hectárea de hoja de coca pasó de 4,1 toneladas en 2013 a 8,5 en 2023, lo que incrementa la presión sobre ecosistemas frágiles.

En su última sección, el informe propone el concepto de "reducción ecológica de daños" como alternativa a la actual estrategia prohibicionista. Las investigadoras Jenna Rose Astwood y Clemmie James proponen una transición justa hacia un modelo de regulación legal que priorice prácticas sostenibles, protección de los ecosistemas, derechos laborales y restitución de tierras a comunidades históricamente desplazadas.

No se trata simplemente de sustituir a los grupos criminales por corporaciones, advierten, sino de repensar toda la cadena productiva desde una perspectiva de justicia climática y soberanía territorial. Entre sus propuestas destacan la de trasladar el refinamiento a zonas urbanas, garantizar condiciones laborales seguras, aplicar técnicas como la permacultura y asegurar la seguridad alimentaria de las comunidades rurales.

Las autoras del informe coinciden en que no es posible alcanzar los objetivos climáticos globales sin desmontar el prohibicionismo que alimenta la destrucción ambiental en la Amazonia. Liberar la hoja de coca y repensar su cadena de valor desde el cuidado de los ecosistemas tan frágiles como los que forman parte del Amazonas podría ser el primer paso hacia un modelo de justicia ambiental que desafíe tanto al narcotráfico como al extractivismo corporativo.