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La Justicia argentina condena a los dueños de un internado para tratar adicciones por la muerte de cuatro jóvenes

En el establecimiento la “Resiliencia” tenían a personas contra su voluntad que eran forzadas a la servidumbre. 

En Argentina, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 5 de San Isidro condenó al dueño de una comunidad terapéutica de recuperación en trastorno por adicción a sustancias por los delitos de incendio 35 años de prisión por su responsabilidad en la muerte de cuatro jóvenes que se encontraban allí recluidos. Se trata de Emanuel Cambra, quien fue no solamente se lo encontró culpable por el incendio que provocó los decesos, sino también por “reducción a servidumbre, asociación ilícita y estafas”. Su esposa, Eliana Wawric, y su anterior pareja, Alejandra Machado, también fueron condenadas a 25 y 20 años de prisión, respectivamente, ya que se desempeñaban como vicepresidente y administrativa de este establecimiento.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2022. El día 22 se incendió la comunidad terapéutica “Resiliencia” y murieron Nicolás Ezequiel Bisbal (37), José Nahuel Castaño (22), Rodrigo Ariel Moreno (25) y Nicolás Claudio Ortiz (24). Estos jóvenes no pudieron escapar del lugar porque, según las declaraciones sucedidas durante el juicio, no pudieron reaccionar por la cantidad de medicación que habían recibido y que los había dejado somnolientos. 

Un sobreviviente del incendio y que también se encontraba internado en la “Resiliencia” contó durante el juicio que muchos de sus compañeros se encontraban encerrados, después de que un colchón se prendiera fuego. “Gritaban que querían salir, que abramos una reja y no se podía. Con cuatro muchachos agarramos unos palos y empezamos a arrancar las ventanas para que salgan. Quisimos sacar a los de la primera habitación y el fuego había tomado todo”, relató sobre el trágico momento. 

En la causa judicial resultaron fundamentales dos organizaciones sociales. La Comisión Provincial por la Memoria participó como querellante por su damnificación institucional en calidad de ser un mecanismo institucional de prevención la tortura. Además, la representación legal de las familias de tres de los fallecidos la llevó adelante Magalí Ledesma, abogada de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA). Ambas organizaciones señalaron que los abusos que sucedían en esta comunidad terapéutica, en la cual muchos de los internos se encontraban allí en contra de su voluntad y que eran forzados a la servidumbre. “Los hacían trabajar embolsando leche en polvo que después se vendía”, contó Pablo Galfré, director de la Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental de ARDA.

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