Días atrás, dos empresarios argentinos que organizaban fiestas electrónicas fueron condenados a tres años de prisión, acusados de homicidio culposo por la muerte de una joven que consumió estupefacientes comprados en un evento sucedido en la provincia de Córdoba, en julio del año pasado. Se trata de Iván Aballay y Héctor Baistrocchi, dueños de la compañía Buenas Noches Producciones (BNP). Pero lo más llamativo del fallo es que la Justicia pidió prohibir las fiestas electrónicas por su “altísimo riesgo para la salud”.
El hecho se produjo el 23 de julio de 2016, cuando Tania Abrile (38) murió durante una fiesta electrónica organizada por BNP, después de comprar en el lugar y consumir una pastilla con anfetaminas y metanfetaminas. En un juicio abreviado sucedido en la Cámara 6° del Crimen de Córdoba, Aballay y Baistrocchi asumieron su responsabilidad por facilitar el espacio para el consumo de estupefacientes y homicidio culposo. También fueron condenados Walter Barreto, médico sin título habilitante y contratado por los organizadores, a ocho años de prisión por ser autor del delito de homicidio simple; y Mario Novaro, guardia de seguridad, fue condenado a tres años de prisión como partícipe necesario de la facilitación del lugar para consumo de estupefacientes.
El hecho llamativo del fallo es que la Justicia le exhortó a la Municipalidad de Córdoba a “no habilitar y prohibir las fiestas electrónicas debido al altísimo riesgo para la salud”. Además, los acusados estuvieron obligados a firmar la siguiente carta que fue difundida en los medios de comunicación provinciales: “Finalmente, habida cuenta de los peligros para la vida y la salud que se derivan de las fiestas electrónicas, exhortamos a los organismos estatales a un estricto control para evitar la comercialización, el suministro y el consumo de drogas en estas reuniones, a los organizadores que asuman una vigilancia activa y a los asistentes a una diversión sin consumo de sustancias.”.
Varias organizaciones dedidacas a la reducción de daños cuestionaron el exhorto del tribunal cordobés porque sostienen que las políticas prohibicionistas tan solo ponen en mayor riesgo a las personas usuarias de sustancias.
