Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicado ayer ha reconocido que las respuestas políticas contra el consumo de drogas y el narcotráfico tienen importantes repercusiones en los derechos humanos. El informe examina cómo se están abordando los problemas de las drogas desde la perspectiva de los derechos humanos y toma posiciones al respecto, con una serie de recomendaciones entre las que se incluyen la despenalización de las drogas y el acceso y financiación a servicios de reducción de daños para usuarios de drogas.

El informe señala que la política de guerra contra las drogas, sustentada sobre los tratados de fiscalización de drogas, entra en conflicto de muchas formas con la protección de la salud y acaba por violar los derechos humanos. “El objetivo inicial de estos tratados era proteger la salud y el bienestar de la humanidad”, se afirma en el informe, que señala que luego, en la práctica, las políticas han adoptado un enfoque principalmente punitivo para intentar eliminar el mercado de drogas ilegales provocando “repercusiones consecuentes en los derechos humanos”.

La Oficina del Alto Comisionado de DD HH apunta en el informe que sus preocupaciones prioritarias son el acceso insuficiente y desigual a tratamientos y servicios de reducción de daños, la militarización de la fiscalización de drogas, el uso excesivo del encarcelamiento y el hacinamiento en las cárceles, el uso de la pena de muerte para los delitos de drogas y el impacto desproporcionado de las políticas de drogas punitivas en los jóvenes, los afrodescendientes, los pueblos indígenas y las mujeres.

El texto recuerda que existen unas Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas que fueron elaboradas por una coalición de estados miembros de la ONU junto con la OMS y otros organismos y expertos. Estas directrices establecen que “las obligaciones contenidas en los tratados de fiscalización internacional de drogas no pueden utilizarse como base para violar las obligaciones internacionales concomitantes en materia de derechos humanos”.

Por todo esto, el informe apunta a la necesidad de dejar el enfoque punitivo de las políticas prohibicionistas de drogas, y recomienda hacer un cambio basado en la protección de la salud pública, contemplando la despenalización de las drogas como “instrumento muy útil para garantizar la protección de los derechos de las personas que consumen drogas”. También reconoce que en los últimos años ha habido importantes avances en varios países y regiones para dejar atrás el enfoque punitivo y pasar a centrarse en la salud y los derechos humanos, y señala las importantes contribuciones que se han realizado desde organizaciones de la sociedad civil para demostrar que las políticas punitivas en materia de drogas han dado lugar a un recurso excesivo al encarcelamiento de grupos marginados, minorías raciales y étnicas, y mujeres.