Las incautaciones de cocaína alcanzaron niveles sin precedentes en 2024, según el último informe de InSight Crime y, aunque se trata de operativos de gran escala, no han logrado contener el crecimiento del mercado global ni frenar la circulación de la sustancia.

América Latina continúa siendo el principal centro de cultivo y procesamiento, con Colombia a la cabeza. El informe también subraya el papel creciente de Ecuador como punto logístico clave en la exportación de cocaína hacia Europa, especialmente a través de sus puertos comerciales. Europa y Estados Unidos, por su parte, sostienen una demanda constante y en aumento, lo que alimenta una cadena de suministro que se adapta con rapidez a los obstáculos que enfrenta.

Según detalla en su informe InSight Crime, países como Ecuador, España y Bélgica registraron cifras récord de decomisos, lo que evidencia un mayor control en puntos estratégicos del tráfico, pero también un aumento generalizado en la circulación. Las rutas se han diversificado -con África Occidental y Europa del Este como nodos emergentes- y aumenta la participación de grupos criminales transnacionales, que aprovechan vacíos institucionales y debilidades en la cooperación internacional.

En este contexto de expansión global del negocio de la cocaína, la llamada "guerra contra las drogas" no ha logrado reducir ni la oferta ni la demanda. En cambio, ha criminalizado a consumidores, golpeado a comunidades vulnerables y fortalecido economías ilegales que operan con gran flexibilidad frente a la represión estatal.

En este escenario, se vuelve evidente que la economía global del narcotráfico ha adquirido tal envergadura que ni la intervención militar, ni los decomisos históricos, ni la persecución sistemática en los países productores han logrado frenar su expansión. La cocaína sigue siendo un negocio altamente rentable en 2025, sostenido por una demanda internacional sólida y un aparato logístico profesional.

La persistencia del fenómeno obliga a cuestionar el enfoque tradicional que los gobiernos han sostenido por décadas para enfrentar este fenómeno y abrir paso a estrategias centradas en la regulación responsable, en enfoques de salud pública y en una cooperación internacional que priorice la prevención y el bienestar de las comunidades.