El ministerio del Interior de Uruguay y la Secretaría Nacional de Drogas del país están en disputa desde hace una semanas por una nueva normativa que permitiría a la policía el acceso a los datos del registro de cultivadores de cannabis. La medida está siendo fuertemente discutida y preocupa tanto a los cultivadores de cannabis como a los técnicos del Gobierno responsables de la gestión del cannabis y los consumidores.

La ley que reguló el cannabis de uso recreativo en Uruguay en 2013 creó un registro de clubs de cannabis y de cultivadores, pero estos datos quedaron calificados como sensibles y por tanto fuera del acceso para la policía. Ahora un nuevo proyecto legislativo, que dará lugar a una Ley de Rendición de Cuentas, ha incluido en su borrador un artículo que permitiría al Ministerio de Interior acceder a esos datos.

Hace ya unos meses que el ministro de Interior anunció controles adicionales sobre el cultivo de cannabis y puso nervioso a cultivadores y al Instituto de Regulación y Control del Cannabis. La concreción de la medida en un nuevo artículo de la futura ley ha levantado las quejas del titular de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, quien ha pedido la eliminación de dicho artículo porque vulnera el derecho al anonimato de los cultivadores.

El ministro de Interior ha rechazado la posibilidad de eliminar el artículo, pero sí está dispuesto a introducir modificaciones, según ha publicado el diario uruguayo El País. “El tema es la dirección de los clubes cannábicos. Nosotros no llevamos registro ni queremos. Sí que queremos saber dónde están los clubes porque ya habido alguno que plantó más y se volcó al mercado ilegal”, dijo una fuente de Interior al diario. Desde la Secretaría Nacional de Drogas defienden que la dirección de los autocultivadores no se puede revelar, porque ello comprometería su identidad, pero que en el caso de los datos sobre la ubicación de los cultivos para los clubs podría llegar discutirse.