La Asociación de Grow Shops y Comercios Afines de Uruguay ha denunciado que las leyes del país siguen persiguiendo y castigando duramente a los usuarios de cannabis pese a que el uso, el cultivo y la venta son legales desde 2013. Representantes de la asociación comparecieron recientemente ante el Parlamento para explicar cómo las leyes siguen llevando a autocultivadores a la cárcel por tener unas pocas plantas de más, o a personas usuarias por revender unos pocos gramos a personas cercanas.

Una de las integrantes de la asociación, Claudia de Mello, explicó que se ha registrado un descenso en las ventas de materiales para el cultivo y cuidado de las plantas de cannabis que, según consideran, tiene que ver con el “aumento del miedo” de los usuarios a ser procesado por las leyes uruguayas. Según El Observador, De Mello y Juan Manuel Varela, otro integrante de la asociación, explicaron a los parlamentarios que, en determinadas regiones y circunstancias, el mercado legal del cannabis no es capaz de abastecer a los usuarios. Es por esto que sigue existiendo un mercado negro, que tiene asociadas unas sanciones penales muy duras que muchas veces los infractores desconocen.

“Tenemos presos y presas con penas de hasta tres años por menos de 40 gramos, que es lo que la ley prevé que se puede tener encima”, dijo De Mello, señalando que algunos son autocultivadores registrados y que se estaba enviando a prisión a “personas trabajadoras, sin antecedentes y sin vínculos con el crimen organizado”, tan solo por unos pocos gramos de hierba. Según los datos citados por la asociación, correspondientes a la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas de 2019, se estima que el consumo anual de cannabis en el país equivale a 53 toneladas; de estos, se estima que 25 toneladas provienen del mercado negro.