La hoja de ruta del Gobierno quedó expresada el 25 de septiembre, cuando Dzulkefly señaló que la cartera sanitaria apunta a un veto en etapas sobre la venta —y eventualmente el uso— de vapeadores. El enfoque será gradual y comenzaría por los dispositivos de sistema abierto, avanzando luego hacia el resto del mercado. El propio ministro matizó que no puede “adelantar la decisión del Gabinete”, lo que sitúa el plan en un terreno político todavía en discusión.

En 2024, Malasia aprobó el Control of Smoking Products for Public Health Act (Act 852), que sustituyó marcos previos sobre productos de tabaco y sus imitaciones. Desde entonces el país ha desplegado reglamentos y medidas administrativas con grados desiguales de cumplimiento. Mientras tanto, varias autoridades sanitarias han alertado sobre la venta de líquidos con alta concentración de nicotina y estrategias de mercadeo dirigidas a población joven, una de las razones que empujan la agenda restrictiva.

La propuesta de un veto total ha encendido alertas y voces especializadas advierten que una prohibición amplia trasladaría la demanda a un circuito ilícito ya existente, con mayor riesgo sanitario por ausencia de controles y trazabilidad. En paralelo, la industria local de los vapeadores —que moviliza miles de empleos y una facturación significativa según sus gremios— plantea que un cierre abrupto impactaría cadenas de distribución y recaudación fiscal. A nivel subnacional, algunos estados han impuesto restricciones fuertes o vetos al comercio, anticipando cómo podría operar un escenario nacional más duro.

El cronograma oficial habla de “mediados de 2026”, un horizonte relativamente cercano para un cambio de tal magnitud. Para llegar ahí, el Ministerio de Salud deberá armonizar la implementación con los reglamentos del Act 852 y con la capacidad real de fiscalización. También tendrá que resolver cuestiones prácticas que van desde el escalonamiento por tipos de dispositivo, criterios de registro, hasta lo relacionado con los controles de importación y que definarán si el resultado será una salida ordenada o un salto al vacío. El debate público, cargado de experiencias internacionales dispares, se mueve entre la abstinencia y castigo o regulación con criterios de salud pública.

Lo que sucede en Malasia vuelve a plantear el tema de si prohibir hace que desaparezca el fenómeno o regular lo vuelve más seguro. La evidencia reciente sugiere que los vetos amplios suelen fortalecer mercados paralelos e ilegales, mientras que los marcos regulatorios claros permiten gestionar riesgos y enfocar la prevención en niños y adolescentes.