Lara Smith (53), vive en Newcastle y padece mielopatía cervical, una afección que le provoca dolor neuropático, espasmos, temblores y problemas de movilidad. Según explicó a Cannabis Health, sus médicos han intentado en tres ocasiones conseguir que el NHS financie su tratamiento con cannabis. La primera solicitud se remonta a 2014 y otra fue presentada alrededor del cambio legal de 2018.

El caso de Smith ya había llegado al Parlamento británico. En mayo de 2019, un debate en la Cámara de los Comunes registró que su especialista no había conseguido aprobar una solicitud individual de financiación, pese al cambio legal realizado meses antes. Las dificultades para obtener cannabis medicinal mediante la sanidad pública británica llevan años siendo denunciadas por pacientes y organizaciones.

El intento más reciente también fue rechazado. Cannabis Health asegura haber visto una carta en la que un especialista del Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust señalaba que la clínica del dolor no contaba con infraestructura para prescribir cannabis medicinal y que, bajo las directrices actuales, existían dudas sobre la evidencia disponible para respaldar ese uso.

Smith paga actualmente alrededor de 600 libras mensuales por aceite de CBD y flores de cannabis prescritas. Su nueva iniciativa, Medical Cannabis – NHS Access Denied, pretende reunir experiencias similares para detectar si existen razones comunes detrás de las negativas. La paciente espera presentar después esos antecedentes a su diputado y pedir que la cuestión sea planteada en el Parlamento.

En septiembre, el Gobierno británico informó que los datos sobre prescripciones del NHS para productos de cannabis medicinal no autorizados debían mantenerse reservados porque menos de cinco pacientes los reciben en todo el país. Al mismo tiempo, el mercado de recetas privadas de cannabis medicinal continúa expandiéndose: las farmacias inglesas registraron más de 1,7 millones de productos incluidos en prescripciones privadas durante 2025.

El cannabis medicinal puede prescribirse en Reino Unido desde noviembre de 2018, aunque su financiación pública depende de las indicaciones clínicas, las guías del NICE y, en determinados casos, de solicitudes individuales de financiación. En paralelo, el país ha intentado actualizar las guías de buenas prácticas para la prescripción, mientras NICE mantiene para el dolor crónico una posición restrictiva respecto de varios productos a base de cannabis por la limitada evidencia de beneficio y su relación coste-efectividad.

La campaña de Smith no es una demanda judicial ni una impugnación ante los tribunales. Su alcance, por ahora, es reunir casos y convertir experiencias dispersas en un reclamo colectivo. En un mercado privado que crece con rapidez, esa iniciativa vuelve a mostrar que permitir la prescripción no garantiza que pueda financiarse dentro del sistema público.