La legalización del cannabis medicinal en 2018 abrió la puerta a un acceso limitado en el sistema público, mientras que el grueso de las prescripciones se concentra en clínicas privadas. Según la propia MCCS, desde entonces unas 75.000 personas han recibido tratamiento, con alrededor de 160 prescriptores activos en unas 40 clínicas. La Care Quality Commission (CQC) ha señalado en su informe anual 2024 áreas de preocupación sobre la gobernanza y el cumplimiento en el sector independiente, lo que alimentó la demanda de estándares más claros.

La nueva edición del Good Practice Guide de la MCCS aborda varios vacíos. Por un lado, establece que cualquier prescripción que supere los 2 gramos diarios de flor o productos con más del 25% de THC debería pasar por un proceso de aprobación por pares antes de emitirse. La guía subraya que estas dosis no deben indicarse de inicio, sino escalarse de manera lenta y documentada, advirtiendo que no corresponde al paciente exigir un producto específico ya que la elección debe ser resultado de una discusión clínica justificada.

En materia de dosificación y seguimiento, el documento defiende el principio “empezar bajo y avanzar despacio”, con preferencia por aceites de espectro completo ricos en CBD en personas sin experiencia y la incorporación de flor —vaporizada— para dolor irruptivo o episodios agudos. Recomienda definir medidas de resultado (por ejemplo, escalas de dolor o recuento de crisis) y registrar los cambios. En este contexto, la MCCS ya ha adelantado que que publicará, prontamente, guías específicas para la dosificación de aceites.

Otro apartado busca ordenar el lenguaje clínico. Se desaconseja el uso de nombres de variedades comerciales en entornos médicos y se propone abandonar la dicotomía “sativa/indica” como criterio clínico, por considerarse imprecisa. Más pertinente será hablar sobre proporciones de cannabinoides y terpenos, que deberán ser sustentados en certificados de análisis y no en denominaciones comerciales o de genética.

La MCCS también aclara la elegibilidad terapéutica: aunque la legislación no exige haber probado dos fármacos licenciados antes del cannabis, la Sociedad considera razonable que, como mínimo, se hayan intentado dos tratamientos aceptados y con evidencia para la condición en cuestión. Asimismo, promueve que las decisiones de prescripción sean revisadas por equipos multidisciplinares y debidamente documentadas.

Si bien la estandarización propuesta por la MCCS no sustituye a una política pública robusta, puede reducir la variabilidad y mejorar la seguridad en el acceso. En un escenario donde la salud pública prescribe poco y el sector privado marca el ritmo, contar con pautas claras ayuda a proteger a pacientes y profesionales. Sin embargo, la discusión de fondo sigue abierta y apunta a regular con criterios sanitarios y de derechos, no desde la mirada prohibicionista.