La Policía Judiciaria portuguesa anunció una operación de gran escala contra lo que describió como "una estructura organizada dedicada al cultivo, manipulación y comercio de productos derivados del cannabis". La acción se desplegó en Lisboa, Leiria, Algarve y Alentejo, e incluyó 64 registros, además de acciones coordinadas en España, Bulgaria, Chipre y Madeira.
Las autoridades, durante el desarrollo de la operación denominada "Erva Daninha" (hierba nociva), incautaron más de 7,3 toneladas de cannabis, 411 mil euros en efectivo, 12 vehículos y 11 armas. Según los informes, los detenidos habrían utilizado empresas con licencias legales para desviar grandes cantidades de cannabis hacia mercados no autorizados, presuntamente en Europa y África, mediante certificados falsificados y estructuras societarias opacas.
Si bien Portugal legalizó el uso terapéutico del cannabis en julio de 2018, el caso revela una tensión latente: mientras algunos actores presumiblemente utilizan el cannabis terapéutico regulado como fachada para actividades ilegales, otros se ven atrapados en una maraña de fiscalización y burocracia.
Na operação "Erva Daninha", a @PJudiciaria deteve vários suspeitos de pertencer a um grupo criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de cannabis em vários mercados europeus e africanos.
documentação e certificados falsos.@policia pic.twitter.com/oNUkVLNank— Polícia Judiciária (@PJudiciaria) May 21, 2025
Sin embargo, las experiencias en otros países donde se ha regulado la marihuana medicinal ofrecen matices importantes. En Alemania, inspecciones a empresas cannábicas han derivado en ajustes regulatorios sin una criminalización generalizada; en Dinamarca, por su parte, se han reforzado mecanismos de trazabilidad con apoyo institucional, apostando por la integridad del sector sin desincentivar la inversión.
El caso portugués expone la fragilidad de los sistemas regulatorios actuales. Por eso, avanzar hacia una industria cannábica seria y sostenible no solo requiere de inversión, también debe acompañar a las empresas con normas claras y un enfoque de salud pública, evitando que cada incidente se transforme en persecución a todos los participantes de la industria.
