El número de asesinatos de presuntos narcotraficantes a manos de la policía aumentó significativamente en Indonesia a lo largo del 2017, pasando de los dieciocho casos registrados durante el 2016 a sesenta entre enero y agosto del pasado año. En todos los casos, la policía alegó defensa propia o intento de fuga.

Diversos altos cargos indonesios defienden la adopción de políticas más duras para combatir el narcotráfico, incluyendo el uso de medios letales sin restricciones. En esta línea, el pasado verano, el presidente, Joko Widodo, decía durante un discurso pronunciado en Yakarta: “Sean firmes, sobre todo con los narcotraficantes extranjeros que entran al país y se resisten a la detención; disparen contra ellos, sean despiadados”. Estas declaraciones se realizaban poco después de que se produjera el decomiso de una tonelada de metanfetamina durante una operación en la que resultaron heridas tres personas y una muerta, todas ellas extranjeras.

Por su parte, el director general de la policía habló a los miembros del cuerpo que dirige en los siguientes términos: “No duden en disparar contra los narcos que se resistan a la detención”, al tiempo que planteaba como ejemplo a seguir la guerra contra la droga emprendida por el presidente Duterte de Filipinas, dada su presunta eficacia en cuanto a la eliminación de traficantes.

A pesar de que la legislación indonesia es una de las más duras del mundo en materia de drogas y contempla la pena capital mediante fusilamiento, las normas del país, así como el derecho internacional, señalan que la policía solo puede usar la fuerza como último recurso, e incluso entonces, en grado mínimo, para evitar pérdidas de vidas humanas.

El presidente Widodo es el primero en el país que no ostenta el cargo de general ni pertenece a las élites políticas. Por ello, muchos defensores de los derechos humanos pensaron que su mandato supondría cambios positivos, pero súbitamente el mandatario manifestó que las drogas son el mayor problema del país e inició una cruzada que hace temer una oleada de ejecuciones sumarias.

La mayoría de los presos que se encuentran en el corredor de la muerte están condenados por delitos de drogas, y muchos son extranjeros. Fundamentalmente se trata de personas engañadas o coaccionadas para introducir drogas en el país. Las mujeres están especialmente afectadas por sus condiciones de vulnerabilidad, que permiten manipularlas y utilizarlas como “mulas”.

Alrededor del sesenta por ciento de las doce mil personas encarceladas en Yakarta lo están por venta o consumo de drogas. En el país existen veintidós mil camas para terapias, a pesar de que las estadísticas indican que uno coma dos millones de adictos requieren atención médica urgente. Sin embargo, sobran lechos, ya que el pavor existente en torno a las drogas no propicia su uso.

Algunos aeropuertos del mundo advierten sobre el peligro de muerte que supone dirigirse a determinados países en posesión de drogas; es importante tomar nota, puesto que algunos viajeros no regresan.