Tres años después de que tres agentes de la policía filipina asesinaran a tiros al empresario coruñés Diego Bello, estos serán llevados a juicio. El asesinato se encubrió como parte de la sangrienta lucha contra las drogas iniciada por el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en 2016. Los agentes implicados aseguraron que el coruñés, que tenía varios negocios de surf en la isla filipina de Siargo, era en realidad un importante traficante de la zona y que había intentado huir disparando con un arma.

En un principio las autoridades se negaron a investigar el caso pero, debido a la presión internacional, una investigación interna reconoció que las pruebas de la escena del crimen no concordaban con la versión policial. Sin embargo, cuando se mandó detener a los policías, estos lograron fugarse gracias a que había obtenido un permiso para ausentarse de su puesto justo un día antes del día de su detención.

Ha sido gracias a la insistencia de la familia por denunciar lo que parecía un montaje policial, así como por la presión de la Corte Penal Internacional —que intenta juzgar los asesinatos extrajudiciales de la policía camuflados como lucha antidrogas—, que se ha conseguido que los agentes sean juzgados. Según la información del diario El País, los agentes se presentaron para ser detenidos el pasado enero, diez días después de que la Corte Penal Internacional anunciase que retomaba la investigación sobre Filipinas, que había quedado pausada.

La familia del asesinado ha solicitado que el juicio se realice fuera de la isla de Siargo, lugar donde se produjo el asesinato y donde es más probable que los agentes puedan ser protegidos. En las próximas semanas el juez encargado del caso decidirá dónde se llevará a cabo el juicio contra los policías, que han sido acusados del asesinato y de manipular las pruebas.

“Quisieron hacernos creer que mi sobrino era un gran capo que también trapicheaba en la puerta de su casa. Dijeron que habían ido a por él después de tres meses preparando la operación, pero en ese tiempo ni investigaron sus cuentas corrientes ni registraron su casa o sus negocios”, explicó Francisco Lafuente, tío de Diego Bello y portavoz del movimiento Justicia para Diego.