La compañía planteó ante el NLRB que la National Labor Relations Act (NLRA) no debería aplicarse a su negocio por tratarse de una actividad aún prohibida a nivel federal. La petición acompaña una negativa de la empresa a reconocer al sindicato United Food and Commercial Workers (UFCW) en su tienda de Ann Arbor. El planteamiento es que, durante años, el NLRB ha tramitado conflictos en el sector, reconociendo derechos básicos de organización en dispensarios y otras áreas no agrícolas.
La NLRA reconoce el derecho a la organización sindical en el sector privado, pero excluye expresamente a los “trabajadores agrícolas”. Esa excepción afecta de forma desigual al cannabis, ya que en el área relacionada con el cultivo de la planta, buena parte de la plantilla puede quedar fuera del amparo federal. En retail, distribución y muchas plantas de procesamiento, la cobertura suele aplicarse, caso a caso. De hecho, se han dado resoluciones judiciales contra empresas cannábicas por vulnerar derechos de organización.
Es importante señalar que, desde inicios de 2025, el NLRB carece del quórum mínimo para dictar resoluciones, aunque sus oficinas regionales continúan tramitando casos. Ese vacío ha impulsado respuestas estatales como lo que ocurrió en Nueva York donde se aprobó una ley que habilita a su propio organismo a intervenir cuando el NLRB no pueda ejercer jurisdicción. En California y Massachusetts, por su parte, ya se discuten iniciativas similares. La medida neoyorquina ya enfrenta advertencias por parte de la propia agencia, que sostiene que la NLRA reserva de forma exclusiva la regulación del sector privado.
Si el argumento de Exclusive Brands prosperara, invocaría la prohibición federal para cerrar la puerta a la organización en una parte del mercado cannábico. Ello chocaría con años de práctica administrativa y con el camino avanzado por sindicatos como UFCW y Teamsters. En paralelo, Michigan derogó en 2024 una ley que, en teoría, favorece la afiliación sindical. Sin embargo, el intento de Exclusive muestra que el resultado real dependerá de cómo se resuelvan, a escala federal y estatal, estos nuevos litigios sobre jurisdicción.
