Rhode Island legaliza los centros de consumo de drogas supervisados

Rhode Island legaliza los centros de consumo de drogas supervisados

El estado se ha convertido en el primero de Estados Unidos en aprobar un programa piloto para abordar las adicciones desde la reducción de riesgos.

El Gobernador de Rhode Island firmó el miércoles la ley con la que se aprueba un proyecto piloto de salas de consumo seguro para que personas consumidoras puedan acudir a consumir drogas ilegales con supervisión médica y acceder a otros servicios de reducción de riesgos. Con la firma del Gobernador el estado se ha convertido en el primero de Estados Unidos en aprobar una medida de este tipo, destinada a reducir las muertes por sobredosis y la transmisión de enfermedades entre las personas consumidoras de drogas con adicciones.

La medida fue aprobada por la Cámara de Representantes del estado de Rhode Island el pasado 29 de junio. La semana pasada el proyecto pasó de nuevo por el Senado, donde fueron aprobados los cambios introducidos en la otra cámara y esta semana ha sido finalmente aprobada con la firma del Gobernador. El proyecto permitirá a los municipios del estado que autoricen la instalación de los centros de reducción de daños en el consumo durante los próximos dos años, tiempo que durará el proyecto piloto.

Según ha publicado Marijuana Moment, el proyecto de ley se basó en parte en las recomendaciones de un grupo de trabajo sobre el problema de las sobredosis que fue convocado por la ex gobernadora Gina Raimondo. Además de la creación de los centros, la ley incluye la creación de un comité asesor que emitirá recomendaciones al Departamento de Salud sobre cómo “maximizar” los beneficios de los centros.

El programa de creación de salas de consumo seguro está dirigido a reducir las sobredosis y las muertes accidentales por el uso de drogas, así como la transmisión de enfermedades por el uso compartido de utensilios de consumo como las jeringuillas. Se trata de un enfoque sobre el uso de drogas basado en la salud pública que evita perseguir, criminalizar y estigmatizar a los consumidores y las personas adictas.

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