El telón de fondo de este debate es un mercado cada vez más volátil y riesgoso que ofrece un producto con potencias variables, mezclas y un suministro ilícito sin garantías sanitarias. El World Drug Report 2025 de la UNODC señala que en 2023 unas 316 millones de personas usaron drogas y que la producción mundial de cocaína alcanzó un máximo, mientras las incautaciones de estimulantes tipo anfetamina marcaron récord.

En Estados Unidos, los CDC registran que las muertes por sobredosis con cocaína implicada subieron de 4.681 en 2011 a 29.449 en 2023. En el mismo periodo, las muertes asociadas a psicostimulantes como la metanfetamina pasaron de 2.266 a 34.855. En Inglaterra y Gales, la ONS reportó 1.279 muertes con cocaína en 2024, 14,4% más que en 2023.

TalkingDrugs destaca que si el consumo persiste, ¿tiene sentido ensayar un “reemplazo” farmacológico, similar a la sustitución con agonistas opioides o a la terapia de nicotina? La idea es ofrecer un estimulante regulado para disminuir adulterantes, estabilizar patrones de uso y acercar a las personas a servicios de salud.

La evidencia, sin embargo, es limitada. La EUDA recoge una revisión y metaanálisis de 38 ensayos (Tardelli y colegas, 2020) donde psicostimulantes prescritos como modafinilo, metilfenidato o anfetaminas se asociaron con mayor probabilidad de abstinencia sostenida en trastorno por consumo de cocaína, pero sin mejoras claras en retención y con calidad de evidencia baja.

También pesan preguntas de implementación como las relacionadas con el desvío a terceros, efectos cardiovasculares o psiquiátricos y el borde difuso entre tratamiento y “suministro seguro”. En Columbia Británica, el Provincial Health Officer describe guías creadas durante la pandemia para el “suministro más seguro prescrito”, incluyendo estimulantes, aunque advierte sobre daños potenciales.

El reemplazo con estimulantes no es una bala de plata, pero refleja un giro que apunta a que cuando el suministro ilícito se vuelve más letal, reducir daño puede ser el primer paso antes que de encaminarse a la abstinencia. El desafío es lograr construir programas que desarrollen con evaluaciones rigurosas, acceso digno y controles que eviten repetir la lógica punitiva con otro nombre.