En 2018, el Reino Unido aprobó el uso de cannabis medicinal bajo prescripción de especialistas, en un intento de ampliar las opciones terapéuticas para pacientes con epilepsia resistente, dolor crónico y otras condiciones graves. Sin embargo, la aplicación de esta reforma ha sido limitada considerando que los más de 100.000 médicos registrados como especialistas en el Consejo Médico General (GMC), solo 180 están actualmente activos en la prescripción de preparados cannábicos.
La falta de formación médica y de guías clínicas claras ha sido uno de los principales obstáculos. Aunque el Reino Unido es uno de los mayores productores y exportadores de cannabis medicinal, el acceso a través del Sistema Nacional de Salud (NHS) sigue siendo mínimo. La mayor parte de las recetas son emitidas por clínicas privadas, generando una barrera económica para miles de pacientes que no pueden costear estos tratamientos.
Según datos de Prohibition Partners, el Reino Unido podría alcanzar cerca de 80.000 pacientes en tratamiento con cannabis medicinal a finales de 2025 y la cifra podría llegar a los 190.000 en 2029 con un valor de mercado estimado en 619 millones de euros. Sin embargo, el número de prescriptores activos sigue estancado, lo que compromete la equidad en el acceso.
El Grupo Parlamentario Multipartidista sobre cannabis medicinal ha estimado que entre un 3 % y un 4 % de la población británica podría beneficiarse de estos tratamientos. A pesar de ello, el NHS ha emitido menos de diez recetas desde 2018. Esto ha obligado a muchos pacientes a recurrir al sector privado, asumiendo gastos de miles de libras al año.
Ante este panorama, instituciones como la Medical Cannabis Clinicians Society (MCCS) han criticado la falta de compromiso institucional. Su presidente, el neurólogo Mike Barnes, ha advertido que el sistema solo podrá responder a la demanda cuando exista una formación amplia y sistemática en farmacología del cannabis.
La experiencia británica pone en evidencia que la legalización de una sustancia no garantiza su implementación efectiva. Sin inversión en formación médica, respaldo institucional y voluntad política, el derecho al acceso terapéutico queda restringido a quienes pueden pagar por él.
