Joel Cunningham, de 40 años, fue declarado culpable de conspirar para suministrar cannabis, así como de otros cargos relacionados con la posesión de hongos psilocibios y la venta de productos medicinales sin licencia. Sin embargo, el juez Neil Clark subrayó que la motivación principal de Cunningham era "ayudar, no lucrarse" y destacó la ausencia de daños atribuidos a terceros.

El proceso penal estuvo acompañado de un amplio respaldo ciudadano: más de 3.500 personas firmaron una petición en Change.org pidiendo su absolución y grupos de pacientes protestaron a las puertas del tribunal. Testimonios como el de Kirsty, cuyo esposo con sarcoma pudo paliar el dolor gracias al aceite de Cunningham, ilustraron el vacío que dejan las instituciones sanitarias.

La investigación policial comenzó en 2021 cuando los padres de una niña hospitalizada entregaron aceite de cannabis producido por Cunningham. El rastreo telefónico condujo a la incautación de aceites, cremas, vaporizadores y más de un kilo de hongos psilocibios. Su madre, Lisa Hillas, también fue condenada a trabajos comunitarios por actuar como intermediaria entre su hijo y los pacientes.

Aunque el Reino Unido modificó el estatus legal del cannabis para autorizar su uso terapéutico bajo ciertas condiciones, en noviembre de 2018, los tratamientos siguen limitados casi exclusivamente a consultas privadas, con apenas un puñado de recetas emitidas por el NHS. 

El caso evidencia las profundas contradicciones de un sistema que reconoce el potencial terapéutico del cannabis, pero penaliza a quienes suplen la falta de acceso público. Mientras persista esta brecha, historias como la de Joel Cunningham seguirán ocurriendo.