El reporte —preparado por especialistas de la Medical Cannabis Clinicians Society— explica que la demanda existe, pero la regulación la está asfixiando y que se estima que alrededor de 1,4 millones de personas usan cannabis con fines médicos fuera del circuito legal, mientras que unas 75.000 acceden mediante el sector privado. En este esquema, los costes para pacientes privados rondan las £300 mensuales, más honorarios clínicos, lo que supera £4.000 al año. La red de prescriptores ronda las 160 personas y crece en torno a 1.500 pacientes nuevos cada mes, cifras que no se han traducido en un acceso real por parte del NHS.

Entre los principales obstáculos, el APPG identifica una guía del NICE excesivamente restrictiva —que solo avala los fármacos de primera generación (como el Sativex) y deja fuera los preparados de espectro completo—, junto con la falta de confianza y formación clínica para prescribir. A lo anterior, se suman trabas operativas, como la ausencia de receta electrónica para estupefacientes en el ámbito privado y la dificultad para exportar productos con certificación EU‑GMP, lo que frena inversión, escala industrial.

El factor económico es central en el documento. El APPG sostiene que, con un marco funcional, el mercado de cannabis medicinal podría superar los £5.000 millones anuales —casi el doble del valor de la industria pesquera británica— y que, según estimaciones de inteligencia de mercado citadas en el propio informe, un escenario maduro podría alcanzar entre £7.000 y £10.000 millones por año y más de 100.000 empleos.

Sin embargo, el argumento no es solo fiscal, ya que un acceso amplio y ordenado reduciría cargas al sistema sanitario y mejoraría la productividad al aliviar síntomas en personas con dolor crónico, ansiedad, epilepsia refractaria o esclerosis múltiple.

Para corregir el rumbo, el APPG propone un paquete de medidas como crear un fondo central para garantizar tratamiento a niñas y niños con epilepsia farmacorresistente ya en seguimiento, establecer una vía de aprobación centralizada para nuevos casos pediátricos complejos, encargar nuevas guías que reconozcan la especificidad botánica del cannabis y habilitar la prescripción electrónica de fármacos controlados en el sector privado, facilitando, de esta forma. las exportaciones de productos médicos derivados del cannabis.