La organización quiere intervenir en un sistema donde el consumo de drogas sigue sometido a un fuerte enfoque punitivo. En mayo, Cáñamo abordó esa política sueca de tolerancia cero a propósito del caso de una diputada acusada de delitos relacionados con drogas. FHR busca entrar en ese escenario, el de las personas directamente afectadas por las políticas que regulan su atención, sus derechos y su relación con el sistema penal.

Robert Sanderö expuso en TalkingDrugs cuatro prioridades de la organización y que apuntan a una política de drogas más humana, atención con agonistas opioides centrada en la persona, salas de consumo supervisado y servicios de análisis de sustancias. La propuesta bsuca instalar en el debate nacional una organización que busca aumentar la participación de los usuarios en las decisiones sobre política de drogas.

Durante 2026, la asociación local Linköpings Brukarförening cambió su nombre a Föreningen för Human Ruspolitik Sverige (FHR Sverige) y anunció que pretendía ampliar su trabajo al conjunto del país. La propia entidad describió el proceso como una continuidad de su labor anterior, ahora con una ambición nacional.

Esa trayectoria ya había llevado a la organización a participar en espacios regionales. El Centro Nórdico de Bienestar, institución del Consejo Nórdico de Ministros dedicada a asuntos sociales y salud pública, identificó a Linköpings Brukarförening como la representación sueca en una conferencia sobre derechos humanos y política de drogas realizada en Oslo en abril de 2026. De ese encuentro surgió además una red nórdica orientada a reforzar la participación de personas usuarias.

La organización sostiene que continuará repartiendo material de inyección, naloxona y distintos tipos de test, actividades que ya formaban parte de su trabajo previo. El salto que intenta dar ahora es político y organizativo, convirtiendo una estructura con raíces locales en un interlocutor nacional capaz de defender una agenda de reducción de daños en toda Suecia.