El camino por recorrer es largo pero avanzamos. A lo largo del 2015, la sociedad latinoamericana reafirmó su voluntad de obtener o consolidar unos derechos sociales que además de reformas en las políticas de drogas incluyen debates y legislaciones sobre matrimonio igualitario, aborto, educación, salud, vivienda…

Una mayor, aunque todavía insuficiente, información ha contribuido al desarrollo del espíritu crítico de la población; ciertos tabúes se tambalean y con ello disminuye el miedo que, inculcado desde las élites y apoyado en la inseguridad, ha justificado estados de control y prohibición.

De manera creciente, variedad de organizaciones sociales y gobiernos cuestionan el prohibicionismo y sus métodos de encarcelación masiva, erradicación de cultivos y represión militar a los campesinos. Con resultados controvertidos, hace ya tiempo, Bolivia expulsó a la DEA de su territorio. Colombia, además de regular el cannabis terapéutico, ha descartado las crueles fumigaciones aéreas con glifosato –aunque campesinos colombianos denuncian que las aspersiones continúan–. El conservador Chile realizó su primera cosecha de cannabis medicinal y ha puesto en marcha la mayor plantación de América Latina enfocada a tales fines; además, se desarrollan debates que auguran una próxima regulación del uso recreativo de la sustancia.

México, que militarizado y en guerra parecía a punto de quedar aislado de los debates y avances regionales, sorpresivamente, aunque no sin batalla social y judicial, autorizaba la importación de cannabis medicinal para una niña enferma de epilepsia refractaria y, poco después, el cultivo para uso recreativo a cuatro miembros de un club social. Uruguay, que hace ya tiempo legalizó la marihuana, prosigue el desarrollo de su efectiva implementación.

Además de las presiones sociales, los gobiernos tienen variadas, aunque distintas, razones para la realización de cambios. Un denominador común puede establecerse en la necesidad de frenar la criminalidad asociada al narcotráfico y disminuir la superpoblación carcelaria. Y es que la región se ha convertido en un gran mercado de drogas. Ejemplo de ello es Brasil, un país sin apenas avances en cuanto a políticas de drogas y que ha pasado a ser uno de los mayores consumidores de cocaína del mundo.

Al mismo tiempo, sociedades y gobiernos observan con aprensión los enfoques militares como los de Colombia o México y rechazan sus consecuencias. Sin embargo, los dirigentes regionales, pese a sus cuestionamientos al prohibicionismo, no desarrollan directrices claras, lo que conlleva afirmaciones y políticas contradictorias. Ecuador da pasos atrás ante la irrupción de nuevas sustancias como H (heroína altamente adulterada). En Perú, uno de los grandes productores de cocaína, se debate una ley que permitiría al ejército derribar aeronaves sospechosas de transportar drogas. Esa ley revertiría la prohibición establecida en el 2001 a raíz del derribo, por error, de un avión con misioneros.

Brasil aprobó una ley para que los casos de consumo recreativo sustituyan las penas de prisión por servicios sociales o programas educativos. Pero los vacíos legales dejados por la norma han producido efectos contradictorios, y el número de encarcelados se ha disparado; un hecho extensivo a otros países de la región. Parte de este fenómeno ya ha sido advertido por la ONU, que ha señalado el riesgo de fragmentación en política de drogas.

Por todo ello, parece que UNGASS 2016, la sesión especial que celebrará este año la Asamblea General de Naciones Unidas para evaluar las políticas de drogas, flexibilizará la aplicación de las mismas, si bien manteniendo el actual statu quo.