Tras largos años de temores y cautelas, en el 2011 se iniciaron en Chile una serie de movilizaciones estudiantiles en rechazo al vigente e inoperante modelo privatizado de educación; la exigencia de una educación pública, gratuita y de calidad logró, poco a poco, un fuerte respaldo social. Así se habría un largo periodo de luchas sociales que se mantienen hasta hoy y que abarcan multitud de aspectos de la vida cotidiana: salud, acceso al agua, medioambiente, control de los recursos naturales, reivindicaciones indígenas, políticas de drogas, pensiones, derechos de pesca, vivienda, transporte…

Y todo esto se da en un país todavía en conflicto con su pasado: cuarenta y tres años después, cada 11 de septiembre, aniversario del golpe militar de 1973, la jornada de trabajo finaliza antes de lo habitual para que los empleados puedan regresas a sus casas sin verse envueltos en algaradas callejeras.

El 23 de octubre de 2016 se celebraron elecciones municipales, las terceras en el país sin obligatoriedad de voto. El rechazo a las formaciones políticas abocó a un 65% de abstención, lo que permitió al bloque derechista Chile Vamos alzarse con una deslucida, pero no carente de consecuencias, victoria. En los últimos meses se habían producido masivas manifestaciones contra el sistema de jubilaciones privadas y las empresas que las gestionan (AFP), un sistema que ha permitido un gran desarrollo del mercado de capitales a costa de la indigencia de los jubilados. El 4 de noviembre se realizó un paro nacional exigiendo el establecimiento de un sistema solidario de pensiones.

Todo esto acontece en un entorno marcado por la sucesión de escándalos relacionados con la corrupción empresarial y política, lo que genera que el entramado institucional se deslegitimice día a día.

De muestra, un botín

Muchas personas pertenecientes a los sectores populares se sienten molestas e inquietas por una realidad demasiado cotidiana, que los noticiarios televisivos convertidos en una interminable crónica de sucesos no cesan de repetir: asaltos, tiroteos, robos y demás violencias.

Los Carabineros de Chile, cuyos agentes son conocidos popularmente como “Pacos”, son sinónimo de honradez y sacrifico frente a algunas de las obscenas fuerzas policiales presentes en la región; pero con cierta frecuencia la realidad es otra. A título de ejemplo: el pasado septiembre eran detenidos diez policías que pertenecieron a la Comisaria de La Pintana, comuna que acoge una de las zonas más conflictivas de la capital, por presuntos delitos de robo con intimidación, cohecho, apremios ilegítimos, obstrucción a la investigación, tenencia ilegal de municiones y tráfico de drogas. Según los fiscales, los detenidos “aprovechando su calidad de carabineros en casos de narcotráfico, sustraen droga, dinero y especies que poseen los imputados, no informando a la Fiscalía de lo que se apropian o bien informan menos especies y dinero de lo que realmente se incautan”. Un escándalo lleno de detalles escabrosos que no sorprende demasiado en la actual realidad chilena.

La Ley de Drogas

En septiembre del 2012 se inició el debate parlamentario sobre la despenalización del cultivo de cannabis para consumo propio, su porte y su tenencia; las controversias se prolongan hasta hoy.

La Ley de Drogas, Ley 20.000, actualizada en el 2007, introdujo la pena por delito de microtráfico, tipificado como porte o tenencia de pequeñas cantidades de drogas. Las penas establecidas para ese delito van de 541 días a cinco años de prisión. Al mismo tiempo, la citada ley despenalizó la posesión de drogas para el uso individual e inmediato en el ámbito privado.

Chile iguala a Colombia en cuanto a la mayor tasa de población carcelaria en América del Sur: 242 presos por cada 100.000 habitantes. El hacinamiento penitenciario chileno es un hecho, al que se suma que un 30% de los reclusos se encuentran en situación de prisión preventiva. En el 2010, el Estado chileno se vio forzado a reconocer la realidad de las prisiones al producirse la muerte de 81 reclusos en el incendio de la cárcel San Miguel en Santiago. Sin embargo, los problemas persisten y la tasa de ocupación de los presidios se mantiene en el 111%.

Recientemente, la Corte de Apelaciones de Santiago informó acerca de la situación inhumana que enfrentan los internos de diversas cárceles y que “llega a estar reñida con los más elementales estándares que exige la dignidad humana. Es inadmisible la cantidad de internos que duermen casi apilados, unos sobre otros, en reducidos espacios, con nula ventilación y sin luz natural, en condiciones insalubres, con presencia de chinches y otros parásitos”.

El incremento de la población carcelaria a lo largo de los últimos años está muy relacionado con el aumento del número de detenciones en aplicación de la Ley 20.000 y el mantenimiento de la marihuana durante años en la Lista 1 de sustancias de alta peligrosidad, algo que contribuyó al incremento de las penas e implicó la no aplicación de medidas alternativas al proceso penal o las penas de privación de libertad.

En el 2015, la marihuana fue retirada del listado de drogas nocivas y se autorizó la elaboración de medicamentos derivados de la planta a farmacéuticas que podrán venderlos en laboratorios o farmacias. Hasta ese momento, miles de personas habían sido detenidas y muchas procesadas como traficantes, aun cuando se tratara de usuarios medicinales.

La política de drogas chilena criminaliza a los usuarios, especialmente a los más vulnerables, como jóvenes y mujeres pertenecientes a la llamada “clase baja”. En los últimos años se ha triplicado el número de mujeres detenidas en aplicación de la Ley de Drogas. Durante el 2012 se produjeron 85.000 detenciones por drogas, para una población de 18 millones de habitantes. El 12% lo fue por consumo, el 67% por tenencia y solo el 17% por tráfico. El 68% de los detenidos eran menores de veinticinco años. Hay que reiterar que el artículo 4 de la Ley 20.000 creó el delito de porte de drogas, a consecuencia de lo cual el número de detenciones se cuadruplicó: pasó de 20.000 a 80.000.

El alcohol ni mirarlo

A finales de octubre, el director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), Mariano Montenegro, fue cesado de su cargo. El cese causó perplejidad, puesto que se produjo a las pocas horas de que presentara un plan para disminuir el consumo excesivo de alcohol entre la población chilena. La iniciativa incluía la medida de restringir los happy hours y las barras libres en bares y discotecas. También se pretendía evaluar la publicidad y el marketing de las empresas asociadas a diferentes marcas de alcohol.

Anteriormente, entre el 2000 y el 2010, Montenegro trabajó para el gobierno en materia de política de drogas, y es considerado como uno de los principales responsables del paso de la marihuana a la Lista 1 de drogas de alta peligrosidad. Durante los gobiernos de Lagos y Bachelet, promovió firmemente un marco legal en el que la marihuana era considerada como una droga productora de dependencia física o psíquica, capaz de provocar graves efectos tóxicos y daños importantes para la salud. Montenegro siempre ha recalcado la relación entre el consumo de cannabis y la delincuencia, y ha negado abiertamente los beneficios terapéuticos de la marihuana.

A lo largo del 2016, los clubes de cannabis terapéutico han proliferado en todo el país. Según la ONG Latinoamericana Reforma, que divulga las propiedades curativas de la planta entre pacientes de determinadas patologías, este tipo de entidades está presente en la mayoría de las regiones. Generalmente, cuentan con personalidad jurídica o están en proceso de constituirse como fundación o corporación, con el objetivo social de educar en temas de autocultivo y suministrar marihuana o productos derivados de la misma a personas que cuenten con una receta médica prescrita por profesionales ligados a estas asociaciones.

Dado que algunas personas no pueden cultivar por la falta de espacio, de conocimientos o porque su enfermedad se lo impide, las asociaciones realizan los cultivos y elaboran extractos de diversas variedades. A cambio, las entidades suelen solicitar una aportación voluntaria que contribuya a cubrir los costes de producción de la resina en un laboratorio. En algunos casos, se crean estatutos de transparencia para que los asociados conozcan todos los gastos y puedan comprobar la inexistencia de lucro o lavado de dinero.

Estas asociaciones dicen y pretenden funcionar dentro del marco legal..., o de su interpretación. La Ley 20.000 prohíbe el tráfico de estupefacientes, pero exime el autocultivo de cannabis y su consumo privado con fines medicinales. En los clubes, la gente se une para cultivar de forma privada, y la cantidad de plantas está estimada para las necesidades de un consumo próximo en el tiempo para cada uno de los pacientes que cuenten con una receta médica que respalde su consumo como tratamiento.

Otras fuentes jurídicas afirman que la Ley 20.000 no es, ni mucho menos, tan explícita, si bien el artículo 8 establece la posibilidad de obtener autorización para el cultivo de cannabis. La jurisprudencia de la Corte Suprema indica, además, que el solo hecho de poseer una planta de marihuana no autoriza a la policía a entrar en un domicilio. En algunos casos, para asociaciones del tipo descrito anteriormente, la Corte ha fallado favorablemente.

Por otra parte, la Subsecretaría de Interior firmó en septiembre un convenio para el establecimiento de un protocolo que regule las autorizaciones para cultivo de cannabis. En el documento se constata que el aumento de las solicitudes “ha puesto de manifiesto una serie de deficiencias”, respecto tanto del procedimiento como de las diferentes instituciones que participan en él. El protocolo establece que los destinos de la cosecha pueden tener fines científicos, sanitarios, industriales o farmacéuticos.

Pese a ciertos movimientos como estos, en especial en el ámbito medicinal, la política de drogas chilena permanece en el estancamiento, una situación extensible a un amplio abanico de cuestiones sociales.