En esta ocasión vamos a hablar del sistema político de Estados Unidos y de qué manera su Constitución ha ayudado al movimiento cannábico.

El mundo está plagado de información noticiosa que cada mañana me insulta amargándome el despertar hasta el momento ritual del porro matutino. Muchas de esas inverosímiles noticias se dan en Estados Unidos de América, uno de los países más poderosos y a su vez uno de los más ignorantes del universo conocido. Pero hablemos en esta ocasión de buenas noticias en medio de este vendaval infernal. Ya hemos hablado de Jeff Sessions, un tipo tan detestable como su acento sureño, quien parece salido de los años treinta y cuya doctrina va de la mano del Reefer Madness de aquellos tiempos. Hemos hablado ya acerca del vicepresidente, Mike Pence, y sus malévolos planes. Y qué decir de Trump. Sin embargo, a pesar de tener a gente tan tóxica en el gobierno y de que la marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal, nuestra planta amiga es defendida por otras ramas del poder, lo que asegura al movimiento cannábico su éxito imparable.

La Constitución de Estados Unidos divide al Gobierno federal en tres poderes principales:

1. Legislativo, que inicia y crea las leyes. Está conformado por la Cámara de Representantes o Diputados y la Cámara de Senadores. Juntas, las dos cámaras del poder legislativo conforman el Congreso, en donde además se controla el gasto público y se toman decisiones de alcance internacional, comercial y tributario.
2. Ejecutivo, que hace cumplir las leyes. Es el presidente, vicepresidente y su gabinete.
3. Judicial, que interpreta las leyes federales en la Corte Suprema y en otras cortes.

Lo bueno de la Constitución es que está diseñada para evitar una dictadura y defender los derechos del hombre, como dicen por acá: To keep the Government in check. Cada uno de los poderes que conforman el Gobierno puede modificar las acciones de las otras ramas de acuerdo al siguiente orden:

• El presidente tiene derecho de veto hacia las leyes aprobadas por el Congreso.
• El Congreso puede confirmar o rechazar nombramientos del presidente y puede despedir al presidente electo.
• Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia pueden anular las leyes inconstitucionales del legislativo y ejecutivo.

Por eso es que muchas de las locuras de Trump han sido evitadas por jueces o por el Congreso, que es el que aprueba los presupuestos.

Un ejemplo de lo anterior es la recientemente provisión que le puso el Congreso al presupuesto federal, prohibiéndoles que gasten dinero en perseguir la marihuana medicinal en los estados que tienen sus propios programas con sus propias leyes. Es decir, Jeff Sessions, el fiscal general, no puede interferir en las leyes estatales. “Los pacientes que usan cannabis medicinal pueden descansar tranquilos sabiendo que no tendrán que regresar al mercado negro para adquirir su medicina”, refirió Jeffrey Zucker, el presidente de Green Lion Partners, una firma que se dedica a diseñar estrategias de negocios para la industria del cannabis. “Los operadores se pueden relajar un poco sabiendo que su arduo trabajo no es en vano, y sus empleos están seguros”, terminó. Como Zucker, muchos en la industria aplaudieron que el Congreso frenara a Sessions al darle cero dólares.

Sin embargo, el enviado del mal ha hecho un ominoso anuncio: “Los estados pueden aprobar las leyes que escojan; yo sigo teniendo dudas con la marihuana. Solo quiero decir que sigue siendo una violación de la ley federal distribuir marihuana en todos lados de Estados Unidos aunque un estado la legalice o no”. En teoría, Sessions todavía podría tomar un curso de acción contra los estados que han legalizado la marihuana con fines recreativos. Los ocho estados y el Distrito de Columbia no están protegidos en este presupuesto. Pero, bueno, este artículo busca dar buenas noticias.

El gobernador republicano Phil Scott vetó la ley que regularía el cannabis. En Vermont poseer una pequeña cantidad de marihuana para uso recreativo seguirá siendo delito.

En un comunicado que se filtró al canal de noticias CBS se confirma que la Administración de Trump planea cortar el presupuesto de la Office of National Drug Control Policy (ONDCP) en un noventa y seis por ciento. Este golpe ya es casi mortal, virtualmente eliminando la oficina que estaba en la primera línea de ataque en la guerra contra las drogas. Para el año 2018, esta oficina contará con veinticuatro millones de los trescientos ochenta y ocho millones que necesita para operar su guerra. Además, tendrá que hacer un recorte de personal de hasta treinta y tres agentes. Así que, con los negocios cannábicos floreciendo y los consumidores acostumbrándose a estos placeres lúdicos, se ve muy difícil que Sessions pueda llevar a cabo su lucha contra la maría. El fiscal general endurecerá las reglas y condenas en los casos por posesión y tráfico de drogas; es lo único que puede hacer. Sessions ya anunció que quiere sentencias mínimas y buscar las penas máximas. Esto será un cambio, ya que bajo Obama solo se perseguían los casos más serios. Estados Unidos se gasta ochenta billones al año para encarcelar a dos coma dos millones de personas.

En fin, la buena noticia del mes parecía estar en Vermont, que estaba a una firma de legalizar la maría. Los estados operan de forma muy parecida al Gobierno federal, con sus cámaras de representantes, senadores, jueces y sus gobernadores. A pesar de toda la corrupción y falta de resultados de los que trabajan en el Gobierno, que se supone velan por los intereses de los ciudadanos, a veces el sistema sí funciona. Otras no. Parecía que Vermont sería el noveno estado en donde se legalizase la marihuana con fines lúdicos. Vermont iba a ser el primer estado en los que legisladores fueran los encargados de legalizar sin consultar a los ciudadanos. En una votación de setenta y nueve a favor por sesenta y seis en contra, los legisladores aprobaron la medida que legalizaría la marihuana.

La medida removería los castigos a civiles por poseer una onza de marihuana o menos, y permitiría a los adultos tener dos plantas en su casa. También se crearía una comisión para desarrollar un plan para gravar y regular la planta. La ley entraría en vigor en julio del 2018. La demócrata Maxine Grad, de Moretown, y quien votó a favor, explicó que su decisión se basó en que se incrementaría la seguridad pública y se reducirá el daño a la salud pública: “La Administración estará en la mesa junto con el fiscal general del estado y otros expertos. Massachusetts y Maine ya legalizaron, y sus programas entrarán en el 2018”.

Sin embargo, lo único que faltaba para que todo fuera felicidad en Vermont era que su gobernador firmase para que se hiciera ley, y no lo hizo. El republicano Phil Scott se había mostrado renuente expresando preocupación acerca de los efectos de la marihuana en los accidentes de carretera. “No creo que esta sea una prioridad para Vermont –declaró–. Creo que lo que deberíamos estar haciendo es tratar de proteger nuestras carreteras. Tenemos que investigar los comestibles antes que nuestros hijos estén en riesgo, antes que seguir adelante con su legalización”. Finalmente, vetó la ley, con la promesa vaga de que se estudiarán algunas modificaciones a la propuesta de legalización, de la que dice en principio no estar en contra. Una de las excusas que ha dado para justificar su veto ha sido que quiere que se endurezcan las penas por vender droga a menores.

Será difícil que los legisladores impugnen el veto, pues la propuesta de regulación fue aprobada con un margen estrecho. Así que en Vermont podrán continuar con sus programas de medicinal, pero poseer una pequeña cantidad de marihuana para uso recreativo seguirá siendo delito.

¿Y Trump? Pues digamos que tiene otras prioridades.