Hace tres meses publicamos la noticia del rescate, llevado a cabo por fuerzas de la policía, de casi trescientas personas maltratadas en el centro de desintoxicación Despertar Espiritual, de la ciudad de Tonalá, ubicada en el área metropolitana de Guadalajara (México).

Se trata de una situación que miles de personas padecen en México y otros países de América Latina, y a la que el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD) mexicano dedicaba su cuaderno número 8 de febrero de 2015 (disponible en su web). Los abusos cometidos en centros de tratamiento para usuarios de drogas constituyen un problema que no suele abordarse al hablar de políticas de drogas.

Los servicios de atención pública para usuarios de drogas son escasos en México, y los relativos a aquellos que requieren internamiento son prácticamente nulos, por lo que son ofrecidos por centros no gubernamentales que, en buena parte, operan ajenos al control del estado. Se estima que en el país existen unos dos mil centros de este tipo, en muchos de los cuales el internamiento se produce contra la voluntad de los pacientes, que, además, durante su estancia sufren violaciones de los derechos humanos tales como incomunicación y castigos en grado de tortura.

La dirección de esos lugares suele estar a cargo de exadictos al alcohol y/o drogas ilícitas; coloquialmente son conocidos como “padrinos”, y son los encargados de determinar el tratamiento de los internos. Debido a que los padrinos basan los tratamientos en su experiencia personal, y raramente cuentan con capacitación adecuada, suelen reproducir prácticas que vulneran los derechos de los internos, pero que justifican como útiles para lograr su único objetivo: la abstinencia. Algunos padrinos aseguran que estas prácticas de maltrato son esenciales para que los internos valoren lo que han perdido a causa del consumo de drogas.

Cuando para lograr el ingreso de los adictos en un centro no son suficientes los engaños o subterfugios de los familiares, estos podrán contar con la ayuda de grupos de padrinos conocidos como la “patrulla espiritual”, que, a petición de algún pariente, no durarán en actuar de un modo expeditivo.

Uno de los mayores obstáculos para evitar abusos por ingreso no deseado lo constituyen las propias leyes; por ejemplo, en el DF el internamiento involuntario no está considerado un delito sino una infracción a la tranquilidad de las personas. Ante la crueldad en el trato recibido, es frecuente que los internos intenten la fuga o bien que sus propios familiares los saquen del centro al constatar los abusos de que son objeto; pese a ello, la mayor parte de los pacientes cumplen con los plazos designados por los padrinos.

Los malos tratos y torturas producen secuelas físicas y psíquicas entre los usuarios. Secuelas que los llevan a negarse a recibir otros tratamientos por el temor a encontrar tratos similares. Se generan, también, fuertes resentimientos hacia los familiares que los ingresaron. En ciertas ciudades, como es el caso de Tijuana, es frecuente que los usuarios ingresen voluntariamente debido al síndrome de abstinencia de la heroína, pero también se producen ingresos a través del Operativo Centro, encargado de realizar una suerte de limpieza social.