Rana
Ilustración: Oscar Noguera

Panamá, lugar de tránsito

Kim Serra

Con 75.420 km2 y algo más de cuatro millones de habitantes, la República de Panamá limita con el mar Caribe, el océano Pacífico, Colombia y Costa Rica; desde su construcción el canal de Panamá ha sido ruta de tránsito entre Oriente y Occidente, lo que ha facilitado el contrabando de bienes de todo tipo. Su ubicación geográfica ha determinado que el país haya sido punto de circulación de las drogas transportadas desde Sudamérica hasta México o Estados Unidos. Desde principios del siglo XX, el tráfico de opio de Asia a Europa circulaba por el Canal; entre 1960 y 1970, el país produce cannabis, una actividad que declina rápidamente ante el creciente tráfico de cocaína.

Durante los años ochenta, las rutas del narcotráfico se implantan en el Caribe, pero posteriormente la frontera entre Colombia y Panamá facilita que este último país se convierta en punto de tránsito de las drogas que viajan hacia el norte. Se establece entonces una alianza entre el cártel de Medellín, los traficantes centroamericanos y Manuel Noriega.

Noriega es el gobernante de facto de Panamá desde 1983, y mantiene una profunda colaboración, canalizada a través de la CIA, con Estados Unidos. Tras establecer acuerdos con Pablo Escobar, pasa a cobrar una cuota de cien mil dólares por carga que circule por el país. Durante la década de los ochenta, la nación es lugar de acogida para variadas actividades delictivas.

El operar de Noriega y la inestabilidad social resultan comprometedoras para Estados Unidos, cuyo gobierno acusa al general del blanqueo de millones de dólares, tráfico de marihuana y colaboración con el cártel de Medellín. Todo ello deriva en la invasión norteamericana de 1989; Noriega es detenido, juzgado en Estados Unidos y condenado a 40 años de prisión. Posteriormente es extraditado a Francia, donde es juzgado y condenado y luego entregado a Panamá para cumplir sentencia por abusos contra los derechos humanos. Fallece en el 2017, a los 83 años.

Las Fuerzas Armadas panameñas fueron abolidas en 1990. La seguridad ciudadana se encuentra en manos de las Fuerzas de Seguridad Pública que han sido criticadas por su ineficacia, corrupción e infiltración del narcotráfico.

Los crímenes violentos son infrecuentes en relación al resto de países de la región, ello se debe a que los delincuentes utilizan el soborno a funcionarios de justicia y seguridad en lugar de recurrir a la intimidación.

En las costas existen bases aéreas y navales y sistemas de radar dedicados a combatir el narcotráfico.

La independencia del sistema judicial panameño está recogida en la Constitución, pese a ello, el sistema no es insensible a la influencia gubernamental ni a la corrupción. Durante el Foro Económico Mundial 2015-16 se clasificó a Panamá en el puesto ciento diecinueve, entre ciento cuarenta países, en el apartado de independencia judicial.

Pandilleros

A finales de los ochenta aparecen las pandillas callejeras. La desaparición del ejército y el alto índice de pobreza propician su crecimiento; inicialmente se dedicaron a los delitos menores para después agruparse y crecer en tamaño y organización.

Los jóvenes son reclutados para el transporte o cuidado de drogas y la prestación de servicios de inteligencia. Grupos conocidos como tumbadores se especializan en el robo de estupefacientes a organizaciones criminales, para lo que ocasionalmente cuentan con el apoyo de miembros de las fuerzas de seguridad. Las pandillas participan de la trata de personas, el lavado de activos y los secuestros; algunas de ellas han creado “oficinas de cobro” que trabajan para traficantes transnacionales. Dos grupos enfrentados y surgidos de la asociación de pandillas, Bagdad y Calor Calor, son considerados los más fuertes del país.

En el 2004 entró en vigor una ley antipandillas que castigaba a sus miembros con penas de uno a tres años de prisión. Se estima que el número de pandillas se incrementó en un 441% entre el 2007 y el 2013, y su número de componentes alcanzó los 7.500. En el 2014, el Gobierno desarrolló un programa de rehabilitación de pandilleros llamado Barrios Seguros, al que asistieron unos 3.000 jóvenes. En 2014 se suponía la existencia de unas 204 pandillas.

Prisiones

En el 2016, el índice de encarcelación era de 426 por 100.000 habitantes, el decimosegundo más alto del mundo, el número de reclusos alcanzaba los 17.197, un 10% de los cuales eran extranjeros y un 63% se encontraban a la espera de juicio. El índice de encarcelación tiende al alza, y el hacinamiento alcanza el 116%.

La precariedad de las estructuras penitenciarias unidas a los castigos inhumanos y a los largos periodos de prisión preventiva, son considerados los mayores atentados contra los derechos humanos que se producen en el país.

Panamá y la crisis global

El incremento de la violencia y la inadaptación social son las principales consecuencias locales de la crisis global.

Pese a tratarse de la economía más próspera de América Latina, el 50% de la población vive en la pobreza. El hacinamiento en los hogares, la escasa estructura sanitaria, la inexistente oferta cultural propician insolidaridad y violencia; la edad de inicio al consumo de drogas disminuye en todos los estratos sociales.

Desde los años setenta se realizan estudios desde la óptica de la salud pública que han permitido observar la evolución en el consumo de drogas sin que por ello se hayan efectuado esfuerzos en lo concerniente al control de la oferta.

Blanqueo de capitales

Panamá es un centro internacional de blanqueo. La amplitud del sector bancario, la economía dolarizada y en desarrollo, la presencia de la segunda zona franca más grande del mundo, la Zona Libre de Colón, el secreto bancario y la laxitud del sistema judicial, contribuyen a perpetuar la situación.

El escándalo de los papeles de Panamá puso de manifestó la función del país en el lavado global de capitales; millones de documentos filtrados del despacho Mossack Fonseca revelaron como dicha empresa contribuyó a la creación de cuentas off-shore y empresas fantasmas para selectos clientes de gran parte del mundo.

El blanqueo de capitales hecha raíces en los sectores más débiles de la economía panameña. Pese a que las leyes favorecen el control de muchos sectores de la economía, no evitan que el blanqueo se desplace hacia sectores sin supervisión; se trata de una táctica utilizada por los blanqueadores para eludir la capacidad de los bancos en la detección de la introducción de capitales.

El papel desempeñado por la Zona Libre de Colón es preocupante. El lugar es punto de origen o transbordo de bienes adquiridos con dinero del narcotráfico. El contrabando de divisas, drogas, precursores, mercancías falsificadas o el fraude aduanero generan ingresos que deberán blanquearse. Las instituciones que deben combatir estos delitos carecen de medios.

Precursores químicos

El país es punto de tránsito de precursores. A la falta de recursos para combatir esta actividad se une la inexistencia de una normativa clara para la administración de las sustancias incautadas; es relevante el desconocimiento de los operadores de justicia en lo relativo a esta temática.

Trata de personas

La trata de personas es recurrente en Centroamérica desde la década de los noventa. En Panamá existe la trata de mujeres, que deberán satisfacer los apetitos de la alta sociedad, la comunidad de expatriados y el turismo sexual. La prostitución adulta es legal. El trabajo forzado es, en menor medida, otro de los problemas existentes.