Después de que Trump declarara que los estados deberían tener la suficiente autonomía para regularse, el fascismo ha dado otro paso hacia adelante. La Casa Blanca ha dicho ahora que espera que sus agentes policiales hagan valer la ley antimarihuana cuando entren en conflicto con las leyes estatales. Es decir, que aunque seas pillados en Oregón, donde es legal fumar, la DEA o algún oficial federal podría arrestarte como en épocas de Anslinger.
Desgraciadamente, sabíamos que esto podía pasar cuando se dio a conocer el nombramiento de Jeff Sessions como fiscal general de la nación. El gobierno ha cambiado de opinión, declarando una vez más la guerra contra la planta, una posición que ha costado miles de millones de dólares, ha arruinado miles de vidas y que ha resultado infructuosa, un mero pretexto para encarcelar personas.
Aunque habrá muchos caídos, aumentando las cuotas de la industria carcelaria –industria cuyas acciones en bolsa subieron inmediatamente después del anuncio–, el movimiento cannábico es fuerte y sobrevivirá. El gobierno de Trump ha revertido la política de Obama de ir desfasando las prisiones privadas y está listo para volverlas a usar en su nueva cruzada antimarihuana comandada por Jeff Sessions, el fiscal general que dice que la gente buena no fuma marihuana y que le gustaba el KKK hasta que descubrió que sus miembros fumaban mota. Sessions se encuentra por el momento en el punto de mira, ya que se le descubrió mintiendo bajo juramento en la telenovela Trump-Rusia-hackeos electorales. Muchos demócratas han pedido su renuncia, y hasta el mismo Donald se siente decepcionado con su equipo, pues según él no estaban preparados para esta debacle. Esperemos que para cuando lean estas líneas Sessions haya renunciado a su cargo.
Se viene una guerra civil, sobre todo entre California y el gobierno Federal. Los estados no aceptarán tan fácilmente estos ataques, especialmente ahora que están viendo los dividendos.
Sean Spicer, el secretario de Prensa, ha dicho que la marihuana sigue siendo una sustancia ilegal, y ha llegado a sugerir que la crisis de opioides que sufre el país se debe al consumo de marihuana. La actual Administración por medio de Spicer ha amenazado con más mano dura: “Cuando ves cómo crece la crisis de opioides en tantos estados del país, lo último que quieres es alentar a la gente al consumo. Veremos más persecución”
No hay ninguna evidencia de que los opioides tengan relación con el consumo de marihuana, al contrario, se ha demostrado que el uso de cannabis puede reducir los síntomas y la dependencia de los adictos a los opioides, una adicción que se calcula llega a cobrarse la muerte de por lo menos treinta mil personas cada año en Estados Unidos.
Tom Angell, de Marijuana Majority, ha declarado que son muy hipócritas: “Si la actual Administración está buscando formas de ser menos popular, ir en contra de las leyes que fueron aprobadas por el electorado sería una buena manera de hacerlo”. Y añadió: “Cuando estaba de campaña, el presidente Trump repetidas veces prometió que dejaría este tipo de decisiones y políticas cannábicas a los estados. Con una clara y creciente mayoría, el país apoya la legalización. Renegar de sus promesas sería un desastre político y una gran distracción del resto de la agenda presidencial”.
Ya han anunciado, eso sí, que seguirán apoyando todos los programas de marihuana medicinal, pues han comprobado que por alguna desconocida razón que escapa a su entendimiento ayudan a enfermos terminales. Resulta ya imposible esconder o negar los efectos terapéuticos de la marihuana, que van desde paliar epilepsias hasta curar cánceres. El gobierno ha dicho que los enfermos se benefician y que seguirán investigando. Esto lógicamente resulta una pesadilla legislativa, ya que volver a cambiar las leyes para tratar de acoplarse a las leyes federales respetando los programas medicinales y en contra del electorado no es una opción sencilla.
Otro problema con el que se encontrarán los federales es que generalmente todos estos arrestos e investigaciones son llevados a cabo por autoridades estatales, jueces y policías de las ciudades, que no estarán tan dispuestos a entrar en mayores conflictos con la ciudadanía con la que ya de por sí hay roces raciales, sociales y hasta territoriales.
Mientras esta telenovela de espías, mentiras e intrigas se desenvuelve, el gobernador de Colorado ya está aconsejando a los legisladores de California en materia de marihuana recreativa. John Hickenlooper ha dicho que es una de las cosas más difíciles que ha hecho y de las que se siente más orgulloso; cabe destacar que él no apoyó la normalización de la marihuana en su momento, aunque ahora se pone el traje de salvador.
Los problemas de los que habló incluyen las regulaciones en el programa medicinal que permite el cultivo de hasta 99 plantas con aprobación de un doctor. Según Hickenlooper esto ha creado un “mercado gris” en Colorado, que exporta marihuana a otros estados. “Es un sistema estúpido”, concluyó. También criticó la facilidad con que los productos comestibles cannábicos llegan a manos de los más jóvenes, debido, según él, a las etiquetas y envases llamativos y a la falta de información. El gobernador, que no habló mucho de los millones que se han embolsado gracias a los impuestos recaudados, acertó cuando dijo que es un sistema terrible que los negocios cannábicos no puedan utilizar el sistema bancario abiertamente.
Con esas cifras, gente como el exjefe de la Suprema Corte de Justicia de Virginia del Oeste, Richard Neely, aboga abiertamente para que se legalice la marihuana en su estado y así salvar su economía, que va de mal en peor. Pero esa es otra historia. Primero hay que librar la batalla contra los trumpistas.
