Que el futuro Gobierno de España sea fruto de la alianza de la derecha y la ultraderecha condenaría todo avance legislativo sobre el cannabis, tanto para uso adulto como para uso terapéutico.
Al cierre por vacaciones de esta revista no está despejada la incertidumbre de una posible repetición electoral, pues la falta de una mayoría clara obliga a pactos complicados para la gobernabilidad, pero el fantasma de un gobierno duro de derechas parece haberse diluido. Es hora de asumir la responsabilidad por parte de los partidos comprometidos con el progreso de los derechos y libertades, y eso incumbe a la cuestión del cannabis.
Si el PSOE y SUMAR consiguen los apoyos suficientes de los partidos nacionalistas para repetir el gobierno de coalición ya no habrá más excusas para que el nuevo ministro de Sanidad dé a conocer el encaje normativo del cannabis medicinal. Han sido muchos los retrasos y desatenciones, pero, tras un año de estudio del asunto y la paralización que supuso las elecciones, habrán dado de sobra con la fórmula de un encaje regulatorio seguro y eficaz. La presión que puede hacer SUMAR será definitiva para acabar con las promesas incumplidas de la pasada legislatura, incluida una reforma menos tímida de la ley Mordaza en la que no se castigue la posesión de pequeñas dosis de drogas o, al menos, se incluya una reducción de las sanciones con opción a sustituir las multas por actividades “reparadoras, reeducativas o de rehabilitación”.
La posibilidad remota de que el PP consiguiera formar gobierno con VOX con la ayuda de otros apoyos, o sacando los escaños suficientes en una repetición electoral, traería el peor escenario para el cannabis. Como han dejado claro a lo largo de la pasada legislatura, en las diferentes ocasiones en las que nuestra planta amiga ha irrumpido en el Parlamento, para ellos la regulación del cannabis serviría solo para banalizar sus efectos y promocionar el abuso de una droga que consideran perjudicial y puerta de entrada a otras más duras. Si no fuera por todos los votantes que respaldan a estos dos partidos, podríamos tomarnos a broma sus obsoletas y retrógradas opiniones. El experto en drogas de VOX, por ejemplo, está convencido de que la marihuana mata la mente por envenenamiento, que asesina neuronas provocando un grave deterioro cognitivo, y no le tiembla la voz al afirmar que la izquierda comunista, con la regulación del cannabis, quiere convertir España en un narcoestado.
Los de VOX ni tan siquiera creen en las virtudes terapéuticas del cannabis, repitiendo sin conocimiento que no hay evidencias científicas suficientes. En el PP tampoco en este tema parece diferir mucho de sus socios. Los populares no creen que se pueda hacer “herboterapia” con la planta, y no dejan de insistir en que una regulación del cannabis se convertiría en un problema grave de salud pública con la desprotección de los menores, negándose a admitir las evidencias que niegan este supuesto en los países en los que ya se ha llevado a cabo.
Frente a la parálisis española, en muchos países europeos ya han regulado el cannabis medicinal y en Alemania, Chequia, Países Bajos, Luxemburgo, Malta, Italia y Suiza están ya en vías de una inminente regulación del cannabis recreativo. ¿Seguirá España esta próxima legislatura a la cola de Europa en la cuestión del cannabis?
