El 14 de febrero el Ministerio de Sanidad publicó una consulta sobre el Real Decreto que regulará el uso medicinal del cannabis. El objetivo es recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la promulgación de la normativa.
La norma en proceso de elaboración sigue las recomendaciones dadas por la Subcomisión de Sanidad en junio de 2022, que ya establecían que los preparados estandarizados y las fórmulas magistrales son los procedimientos que ofrecen mas garantías en cuanto a dosificación, correcto procesamiento y estabilidad.
Ahora se trata de establecer los modos de elaboración y control de estos medicamentos, que se podrán adquirir bajo receta solo en farmacias hospitalarias. De momento, se propone que el acceso a medicamentos que contengan extractos de cannabis se limite a los de fabricación industrial autorizados, acotando el acceso a otros preparados cannábicos únicamente en el marco de un ensayo clínico.
Aunque todavía no se conoce el contenido final de la normativa, desde el informe de la Subcomisión del Congreso sabemos que se trata de una regulación muy restrictiva, “garantista” dicen desde el Ministerio. En el informe de la Subcomisión se restringía el alcance de los tratamientos limitándolos a la inhibición de náuseas y vómitos en pacientes de cáncer; al aumento de apetito y atenuación de pérdida de peso, sobre todo para enfermos de cáncer y sida; a la inhibición de dolor, especialmente crónico, ya sea neuropático, de tipo oncológico, migrañas o posoperatorios; así como a la inhibición de rigidez muscular, lo que puede tener utilidad en esclerosis, y acción inhibidora de convulsiones en epilepsias refractarias. También se contempla que los preparados cannábicos no sean fármacos de primera línea, sino un recurso a emplear cuando hayan fallado otros medicamentos.
Que haya una promesa por parte de Sanidad acerca de una futura ampliación de los supuestos que se beneficiarán del cannabis, no garantiza nada. Tendremos que esperar a leer la letra pequeña para saber si realmente se establece un mecanismo de evaluación de la normativa que permita su evolución, con vistas a conseguir un acceso más ajustado a las necesidades de los pacientes, que reclaman un mayor alcance, el uso legal de la flor, su dispensación en farmacias de barrio y el autocultivo.
Que un sector del estamento médico prefiera hablar de cannabinoides, fácilmente dosificables, más que de cannabis medicinal, es comprensible, pero no puede ser la excusa para impedir el acceso a la flor de pacientes que han constatado el beneficio de su uso y la mejora que supone en su calidad de vida. Tal y como todo indica, con esta regulación las flores del cannabis seguirán siendo consideradas una droga prohibida.
El PP no ha tardado en presentar una proposición no de ley con la intención de impedir el avance de la regulación medicinal. Pero esto ya no hay quien lo pare. Incluso sin regulación, somos ya el séptimo país del mundo en cuanto a producción de cannabis legal. Que España cuente con una regulación medicinal, aunque sea muy restrictiva, es un gran paso hacia la normalización y la superación del estigma. Pero hay que seguir luchando hasta conseguir una regulación integral que reconozca nuestros derechos, como pacientes y como usuarios adultos.
