2022 se recordará como uno de los años que más medallas se ha colgado la Guardia Civil por sus intervenciones contra “la droga llamada marihuana”. Las incautaciones se cuentan por toneladas. Como brazo ejecutor de la Fiscalía Antidrogas y con el beneplácito de la Agencia del Medicamento (AEMPS) hacen suya la idea de que toda flor de cáñamo es droga, aunque no contenga el principio psicoactivo ni sea sustancia explícitamente prohibida.
Cada vez más, empresarios y emprendedores del cáñamo industrial que crean empresas para el cultivo de este cáñamo no psicoactivo son considerados por la prensa como grupos de delincuencia organizada que trafican con marihuana. Todo gracias a las declaraciones, sin contrastar –lo cual es sin duda una negligencia por parte de los periodistas que les dan voz–, de los cuerpos de seguridad. ¿Quién monta empresas para traficar con droga? Es absurdo.
La que sí ha cambiado de opinión ha sido la Agencia del Medicamento. En 2004, la AEMPS mantenía que una planta con una concentración del 0,2% de THC “no debe considerarse incluida en las Listas I y IV del Convenio sobre sustancias estupefacientes” y, por tanto, no debe ser fiscalizada y perseguida. Ahora, a la luz del nuevo criterio adoptado, la flor de cáñamo es droga, lo que entra en conflicto con algunas de las leyes españolas y con la declaración emitida por la Comisión Europea, en la que se afirma que el CBD no es un narcótico. En este sentido, varios tribunales españoles han dado ya la razón a empresas de cáñamo industrial y CBD a las que la policía les había intervenido sus plantas.
¿En qué quedamos? No paramos de leer titulares sobre grandes incautaciones de cultivos de droga y, al final, todo acaba en nada. Esperemos que en este año 2023 se ponga fin a semejante desaguisado.
También 2022 se recordará como un año en que la mayoría de países europeos han legislado sobre el cannabis medicinal. A España, en cambio, le cuesta entrar en este grupo. Su lentitud en hacer factible una regulación sobre el cannabis medicinal contrasta con la agilidad de otros países. Por de pronto un año y medio se ha tardado desde que se aprobó estudiarlo hasta recomendar las líneas maestras a seguir. ¿Podrán los enfermos españoles que lo necesiten acceder en condiciones legales al cannabis en 2023 o tendrán que seguir un año más acudiendo al mercado negro?
Pese a los envites de los prohibicionistas y la inseguridad jurídica en la que están sumergidos, la mayoría de las asociaciones cannábicas (CSC) gozan de buena salud y su modelo vuelve a ser copiado. Recientemente lo hizo Malta y ahora también lo quieren intentar implementar en Alemania. A pesar de las insistencias del sector por regular el cannabis lúdico, dos proyectos de ley para debatirlo en el Parlamento se retiraron en este año 2022 sin tener todavía fecha para introducirlo de nuevo en la agenda. Y mientras no se regule, el sector tendrá que soportar los continuos ataques, no solo en los CSC, sino también contra los establecimientos de venta de productos para el cultivo de cannabis.
¿Será 2023 el año en el que se regule el cannabis en España o tendremos que seguir aguantando la injusticia de su prohibición?
