En noviembre de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal la prohibición del cannabidiol (CBD) que imperaba en Francia: “Un Estado miembro no podrá prohibir la comercialización del CBD legalmente producido en otro Estado miembro si se extrae de la planta de Cannabis sativa en su totalidad y no solo de sus fibras y semillas”, sentenciaba. También el Tribunal de Justicia recordó que el Derecho de la Unión, y en concreto las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, se opone a una normativa nacional como la que regía en Francia.
Así fue que el Gobierno francés tuvo que autorizar mediante un decreto interministerial la venta de productos que contuvieran CBD –con un contenido de THC inferior o igual al 0,3%–, aunque al mismo tiempo prohibía la venta de flores y hojas de este mismo cannabis no psicoactivo.
Esta última prohibición no ha durado ni un año, ya que el Consejo de Estado, órgano que actúa como asesor jurídico del poder ejecutivo y como Tribunal Supremo de Justicia, anuló a finales del pasado año la orden autorizando así la venta de CBD en Francia en todas sus formas existentes, incluidas las flores y hojas de cannabis. El Consejo de Estado consideró que no existen vínculos establecidos entre el consumo de estas sustancias y los riesgos para la salud pública: “Según los conocimientos científicos actuales el CBD no parece tener efectos psicotrópicos ni efectos nocivos para la salud humana, y, por lo tanto, no puede considerarse como un estupefaciente”.
Uno de los argumentos desestimados fue el de que la imposibilidad de diferenciar entre plantas con o sin “propiedades psicoactivas” comprometiera la lucha contra los estupefacientes por parte de la policía. El Consejo de Estado francés estimó que el nivel de THC “podría ser comprobado mediante pruebas rápidas” y tumbó una de las bazas de los defensores de la prohibición del cannabidiol.
Según los representantes del sector, el levantamiento de la prohibición permite la puesta en marcha de una industria del cáñamo económicamente sostenible en Francia. En el país vecino, cuyas autoridades se han caracterizado por su represión implacable de todo lo que “huela” a marihuana, ya se reconoce que la flor de cáñamo no es estupefaciente.
¿Y qué pasa mientras tanto en España? Nosotros que por nuestro clima y experiencia podríamos ser el motor de una industria cannábica europea, vemos de nuevo cómo se nos escapa el tren por la ineptitud de nuestros gobernantes.
Las preguntas ahora son: ¿cuándo se seguirán en España las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? ¿Cuándo dejaran las autoridades de molestar y reprimir al sector industrial español?
Mientras, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) parece instalada en el inmovilismo, sin saber cómo hacer para conjugar el encargo del Parlamento sobre el cannabis medicinal con la presión empresarial por entrar en un mercado que se disputan con las farmacéuticas.
