La Junta de Jefes Ejecutivos de Coordinación (CEB) es el instrumento para armonizar la voz y las actividades de todas las entidades de la ONU, con la idea de mejorar la coherencia de esta institución en favor de una posición común.

El CEB puede guiar el debate de la política mundial de drogas desde una perspectiva de salud y desarrollo basados en los derechos humanos, uno de los temas transversales para los cuales se necesita desarrollar un enfoque más coherente.

La posición común de las Naciones Unidas sobre política de drogas, explicitada en enero de 2019, se compromete a “apoyar a los estados miembros en el desarrollo e implementación de respuestas verdaderamente equilibradas, integrales, integradas, basadas en evidencia, basadas en los derechos humanos, orientadas al desarrollo y sostenibles frente al problema mundial de las drogas”. Unas declaraciones que en principio apoyan políticas que colocan en el centro a las personas, a la salud y a los derechos humanos, promoviendo medidas encaminadas a minimizar las consecuencias adversas para la salud pública del abuso de drogas. Para ello pide cambios en las leyes, en las políticas y en las prácticas que amenazan la salud y los derechos humanos de las personas; y también se llega a ofrecer proporcionar a los estados miembros una base de evidencia necesaria para tomar decisiones políticas informadas y comprender mejor los riesgos que entrañan.

Pues bien, parece que quien se lo ha tomado en serio es el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE UU, que ha querido dar coherencia a la política de drogas votando y aprobando un proyecto de ley para poner fin a la prohibición federal del cannabis. Este comité reconoce que durante demasiado tiempo se ha tratado a la marihuana como un problema de justicia penal en lugar de una cuestión de elección personal y de salud pública, reconociendo que la criminalización de la marihuana ha sido un error, y los arrestos, enjuiciamientos y las condenas a prisión de los usuarios a nivel federal ha sido imprudente. Como consecuencia, miles de personas, en su mayoría de color, han sido sometidas por el gobierno federal a penas de prisión injustas por delitos relacionados con la marihuana.

Entre otras cosas, el Comité Judicial reconoce de qué manera injusta e injustificada se introdujo el cannabis en el Anexo I de sustancias prohibidas, y declara como objetivo de esta futura ley eliminarlo de la lista de drogas controladas por el gobierno federal. Esta futura ley, conocida ya como MORE, es aún un proyecto de ley de reforma, eso sí, el más completo que sobre marihuana se ha presentado en el Congreso, un proyecto de ley respaldado por una amplia coalición de derechos civiles, justicia penal, política de drogas y grupos de inmigración.

Ahora las principales prioridades se encuentran en garantizar suficiente apoyo del Senado para que el proyecto de ley se apruebe. Realmente es una señal de que los días de prohibición están contados.

Nueva Zelanda se posiciona como el próximo país en legalizar el cannabis para uso lúdico. Ahora que parece inevitable un gobierno progresista en España, ¿por qué no ser los siguientes en regular?