Una de las primeras proposiciones de ley con las que se encontrará el nuevo gobierno en esta decimotercera legislatura será la Ley Reguladora de Usuarios de Cannabis, una ley que tiene como objeto establecer las normas generales para la constitución, organización y funcionamiento de los usuarios de cannabis y sus autocultivos, así́ como de las asociaciones de consumidores de cannabis.
Una ley –inspirada en las dos leyes autonómicas de Navarra y Cataluña– que llega al Congreso de los Diputados después de que el Tribunal Constitucional las hubiera declarado a ambas inconstitucionales, a pesar de haber sido aprobadas por mayoría absoluta en sus respectivos parlamentos.
Recordemos que esta iniciativa concreta partió del parlamento de la comunidad foral de Navarra gracias al impulso de los compañeros de partido cannabico RCN NOK. El parlamento navarro aprobó en 2014 por mayoría absoluta, 33 votos a favor y 17 en contra, la ley de asociaciones cannabicas con el respaldo de PSN-PSOE, Geroa Bai, EH Bildu, IU y Podemos. Esta ley tenía por objeto establecer unas normas generales para la constitución, organización y funcionamientos de los clubs de personas usuarias de cannabis y dar la ansiada seguridad jurídica a los CSC. Los compañeros del partido cannabico RCN NOK habían completado con éxito la campaña de recogida de firmas bajo el lema “Tu papel sí importa”; en tan solo dos meses y medio fueron capaces de recoger más de 10.000 rúbricas a favor. Esto dio pie a iniciar el recorrido de una ILP que finalizó con la aprobación por mayoría absoluta en el parlamento de Navarra. La ley fue publicada en el boletín oficial y suspendida por el TC inmediatamente. Según el TC la ley navarra de asociaciones cannábicas invadía competencias del Estado, recordando que una ley de esas características tiene que ser aprobada por el parlamento español. La insistencia entonces de los integrantes de RCN NOK provocó que el parlamento navarro buscase el soporte de la ley en el parlamento español.
Un año después del inicio de la tramitación, la ley ha sido admitida a debate en el parlamento español y el Gobierno tiene tiempo hasta mediados de septiembre para dar a conocer su criterio sobre esta proposición de ley, todo un reto político para el PSOE ya que todo depende de él, pues el apoyo de los nacionalistas y Podemos a esta ley está asegurado.
Esta iniciativa navarra ha sido verdaderamente oportuna ya que coincide con un comienzo de legislatura. Lástima que no se les dé oportunidad a los usuarios de defenderla. Esperemos que nuestros representantes políticos estén a la altura del desafío.
