Durante el mes de mayo, la coalición Sumar ha resucitado la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “ley mordaza”, una ley promovida por el PP cuando contaba con mayoría en el Congreso de los Diputados. Una norma en vigor desde hace nueve años que va ya por su tercer intento de reforma.
El anterior intento de cambio se frustró por la falta de entendimiento en cuatro puntos, desde el comienzo calificados como los preceptos más polémicos de la ley: material antidisturbios, faltas de respeto a la autoridad, desobediencia y resistencia a la autoridad y devolución en “caliente” de inmigrantes.
La “ley mordaza” introdujo en el ordenamiento una serie de sanciones intimidatorias como respuesta represiva a la ola de movilizaciones populares que surgieron a partir de la crisis económica de la pasada década. Estamos hablando de una ley que se organiza en torno a conceptos extremadamente vagos e imprecisos cuya interpretación queda en manos del propio Gobierno, ampliando el margen de discrecionalidad y arbitrariedad de los agentes de policía en sus actuaciones. Con esta ley se ha dado vía libre a las fuerzas de seguridad del Estado para realizar redadas preventivas, para disolver manifestaciones basándose en percepciones muy subjetivas sin necesidad de prueba, vulnerando derechos humanos como la libertad de manifestación o expresión. Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones son consideradas como infracciones muy graves.
En definitiva, la “ley mordaza” vulnera derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, como la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información, así como principios internacionales tales como el derecho al asilo.
Esta ley además avala que se pueda cachear a una persona si existen indicios racionales de que está ocultando un delito. Y como la tenencia de cannabis es considerada siempre como ilícita, la policía cree que es indicio racional cachear a un socio de un club cannábico a la salida de su sede social. Y si en el cacheo encuentran cannabis, la sanción no se hace esperar.
No estamos hablando de una cuestión baladí. Se trata ni más ni menos que de sanciones desproporcionadas en comparación con el supuesto daño que causa a la sociedad la tenencia y consumo de cannabis. Porque entre otros despropósitos, la “ley mordaza” es una herramienta que le sirve al Estado para vulnerar los derechos de los usuarios de cannabis, a los que persigue y penaliza injustamente.
Solo en 2022, por el artículo 36.16 de la “ley mordaza”, que penaliza en espacios públicos “el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico”, fueron impuestas 146.456 sanciones, recaudando con ello el Estado más de 107 millones de euros, que salieron en su mayoría de los bolsillos de los usuarios de cannabis. Si no se deroga por completo, la necesaria reforma de esta ley debe considerar lícita la tenencia para el consumo propio, y evitar así los cacheos indiscriminados y las sanciones económicas injustas.
