Somos conscientes de los avances que se han dado en la aceptación social del uso del cannabis en el mundo, aunque se dé la paradoja de que aquí en nuestro país, tanto desde el punto de vista político como legislativo, no se haya avanzado nada. Podemos decir incluso que hemos sido testigos del retroceso que se ha producido. Recordemos que el activismo cannábico nació como reacción a la aprobación de la ley Corcuera. Antes de la promulgación de esta Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en marzo de 1992, la policía te podía requisar la sustancia de tu consumo personal, pero no te multaba. La tenencia para consumo propio se consideraba licita, aunque no fuera legal.
Desde entonces hemos visto cómo el panorama empeoraba aún más con la reforma que llevó a cabo el PP de esta ley del PSOE, aprobando la ley Mordaza. La hipocresía de los políticos también se ha manifestado a cuenta de esta norma infame, así el PSOE prometió mientras estaba en la oposición su derogación y, cuando accedió al poder, se olvidó.
Ahora estamos viendo cómo en lugar de aceptar el cannabis como medicina existen gobiernos autonómicos que quieren restringir el acceso al cannabis, incluso al no psicoactivo, como es el caso de la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, quiere desde hace tiempo plantear una batalla cultural sobre el asunto. También deben de ser muy fuertes las presiones de los prohibicionistas que está soportando la ministra de Sanidad, Mónica García, para no sacar de una vez a debate parlamentario la ley del cannabis medicinal, una ley que quiere regular el acceso a esta medicina, una ley que ya lleva dos años de retraso.
Lo que sí es incuestionable son los avances a nivel mundial de la aceptación social de nuestra planta amiga. La realidad es que ya son muchos estados los que la han regulado, posibilitando no solo el acceso medicinal, sino también el uso lúdico de adultos en condiciones de seguridad legal y sanitaria. Lo último es que el Gobierno de EE UU ha propuesto formalmente reclasificar a la marihuana como una droga de bajo riesgo, un importante paso hacia la legalización plena de la marihuana, un importante cambio en las políticas federales al relajar las restricciones que pesaban sobre el cannabis, lo que facilitará que los estados que así lo deseen puedan regularla.
Aquí, en nuestro país, vemos cómo, a pesar de los continuos ataques, los clubs sociales de cannabis (CSC) siguen resistiendo, unas organizaciones que han conseguido el beneplácito de la sociedad y han conseguido ser imitadas en varios países debido al beneficio que supone para las personas usuarias y para la sociedad en general. Porque, si bien los políticos españoles no están a la altura del desafío histórico que supone la regulación del cannabis, hay que reconocer que la sociedad española en todos estos años ha normalizado el uso de la planta, constituyendo los CSC un ejemplo sin igual de desobediencia civil ante las injustas leyes y la persecución que todavía seguimos sufriendo.
