El caso de este mes se lo dedicamos a AT, acrónimo de A Tope, de quien ya os hablamos en enero del 2023. Ahora os contamos el desenlace del caso. Lo habían detenido en el portal de su casa, una mañana que volvía de fiesta, justo cuando la comitiva judicial finalizaba el registro de su domicilio, en su ausencia, con presencia de dos testigos. De lo pasado que iba, ni se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, y se dejó detener llevando dos mochilas que contenían bastantes gramos de cocaína, speed y muchas pastillas.
En los últimos meses había compaginado su trabajo con actividades algo ilegales, surtiendo a sus amigos y otros grupos de material para largas noches de fiesta. Después de declarar ante el juez lo enviaron a prisión, donde permaneció algo más de un mes y medio. Antes de ser conducido a prisión, en el juzgado de guardia, pedimos una prueba de orina y una de extracción de cabello, con el objetivo de demostrar que era consumidor habitual de esas drogas. Como sabemos, probar que el investigado es consumidor es muy importante para poder defender en juicio que las sustancias eran para su propio consumo, y además, para conseguir una rebaja importante en la pena y, en su caso, obtener una medida penal alternativa.
Del centro penitenciario salió gracias a la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona, porque si hubiera sido por la juez de instrucción igual se tiraba allí meses. Su detención y el registro de su domicilio formaban parte de una investigación más amplia, a nivel de grupo u organización criminal, que explotó con la detención e ingreso en prisión de cinco personas. Sin embargo, una vez puestos en libertad, ya nadie tenía prisa: cuanto más tiempo pasara antes del juicio, mucho mejor.
Por nuestra parte, como su defensa, pedimos diversas pruebas para acreditar que las sustancias que le intervinieron en el domicilio y las que llevaba encima cuando le detuvieron eran para su propio consumo, y presentamos documentación conforme a que él y varios de sus amigos habían sido invitados a una boda en Galicia, lo cual era cierto. Aportamos la invitación de boda y los vuelos de avión, y citamos a declarar a estos amigos como testigos. Todos declararon de forma correcta, asegurando que la sustancia era para el grupo y que la iban a consumir en esa boda, cuya fiesta se iba a prolongar varios días.
Después, fue pasando el tiempo, y hace unas semanas fue el juicio. El Ministerio Fiscal le pedía cuatro años de prisión y más de ciento cincuenta mil euros de multa; a los otros detenidos, penas similares. No se les acusó finalmente por organización criminal. Los análisis forenses habían determinado que el peso neto de cocaína, speed y MDMA excedía con mucho no solo la cantidad admitida de consumo propio, sino también la cantidad admitida en supuestos de bolsa común o consumo compartido. Era casi imposible conseguir la absolución por este solo hecho, pero había otro factor muy en contra: el asunto iba a ser juzgado en la peor sección de la Audiencia Provincial de Barcelona, la más dura de todas con mucha diferencia. Así que la estrategia iba a ser buscar una conformidad con el fiscal, con el objetivo esencial de evitar el reingreso en prisión.
Para ello se contaba con dos factores importantes. El primero, haber demostrado que el acusado era un consumidor habitual y de larga duración de sustancias. Tanto la prueba de orina como la de cabello habían arrojado evidencias de consumo de diversas drogas, y desde hacía varios años, todos los que la longitud del pelo podía demostrar. El segundo elemento favorable para la conformidad fue el tiempo transcurrido desde la detención hasta el día de la vista oral del juicio, es decir, la aplicación de una atenuante de dilaciones indebidas.
Antes del inicio del juicio, las y los abogados defensores nos conjuramos para presionar al fiscal para conseguir o bien una pena no superior a dos años, o bien una pena superior, pero con aplicación de una medida penal alternativa a la prisión. Después de mucho negociar con el fiscal, se consiguió el objetivo principal. Se condenó a los acusados por una pena de tres años de prisión, suspendida durante cuatro años, y sometimiento a un tratamiento de deshabituación como condición al mantenimiento de la suspensión de la pena. Por fin, después de muchos años de tensa espera, pudieron respirar aliviados. Se puede vivir a tope, pero tomando el control.
