Los avances en las políticas de drogas no son un regalo de las autoridades, menos en un país bajo un gobierno reaccionario caracterizado por el inmovilismo. Aunque se dé un contexto internacional más propicio y se cuente con un clima de aceptación social, la lucha por una regulación integral del cannabis no escapa a estas dificultades.
Para avanzar más rápido y por una buena senda, hace dos años se creó con un gran esfuerzo de coordinación militante Regulación Responsable (RR), una plataforma que parte de la sociedad civil y que pretende lo que su nombre indica: una regulación integral del cannabis en todo el Estado, que regule el autocultivo, los clubes sociales de cannabis, el comercio a través de un sistema de licencias y el acceso al cannabis medicinal, sin olvidar establecer unas políticas basadas en la prevención, información y reducción de riesgos asociados al consumo. La plataforma RR se autofinancia a través de las cuotas de sus integrantes y de las donaciones de particulares, organizaciones y empresas del sector. Actualmente, ninguno de los colaboradores cobra un salario ni recibe dietas por el trabajo que desarrolla. Hablamos con su portavoz, el abogado Bernardo Soriano, para ponernos al día de la situación política en la que se encuentra la lucha por la regulación.
¿En qué estáis trabajando ahora?
Nuestro objetivo para el 2017 era la presentación de una proposición no de ley, para abrir una ponencia de estudio en la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, y eso ya se ha hecho efectivo por medio del Grupo Confederal de Unidos Podemos, que en marzo presentó esta iniciativa con el texto de Regulación Responsable, a través de dos senadores, Conchi Palencia y Joan Comorera, a los que tuve el placer de acompañar junto a Paco, un representante del Circulo Sectorial Cannábico de Podemos. Por otra parte, el PSOE ha planteado una iniciativa para el mismo fin a través de su portavoz en la Comisión Mixta de Drogas, Aurora Flórez. Y ERC también otra similar. Ahora nuestro objetivo es presionar para que esta ponencia se ponga en marcha cuanto antes.
¿Cuántas iniciativas para la regulación del cannabis se encuentran en marcha en estos momentos en el Estado?
Se han plantado hasta cinco iniciativas en este año 2017: la PNL de ERC pidiendo una regulación basada en la propuesta de Los cinco pilares del cannabis de RR; la PNL de Ciudadanos y el Observatorio Español de Cannabis Medicinal pidiendo una regulación del cannabis medicinal, que finalmente cristalizó en la creación de una subcomisión dependiente de la Comisión de Sanidad para estudiar la cuestión; la PNL de Podemos y la del PSOE ya comentadas, y por último, la ILP Tu papel Importa, que actualmente está recogiendo firmas para llevar una ley reguladora de los clubes sociales y el autocultivo al Congreso.
Tantas iniciativas, ¿crees que dispersan nuestra fuerza o todo suma en la confluencia?
Respecto de las iniciativas de ERC, Unidos Podemos y PSOE, teniendo en cuenta que las tres versan sobre lo mismo pero planteado desde distintos partidos, creo que es positivo porque denota el interés en tratar la cuestión. Lo ideal hubiera sido plantear una única iniciativa conjuntamente desde el consenso, pero en multitud de ocasiones, y en esta también, la lógica y la oportunidad política han hecho que esto no fuera posible. La ILP ofrece un contrapunto positivo, aunque no es integral, dado que no puede serlo por requisitos legales de ese procedimiento legislativo, si se recogieran las firmas se podría transformar en integral en el trámite de estudio en el Congreso tras la ponencia que se generaría. Por otra parte, es importantísimo el respaldo y la legitimación que producen tantas decenas de miles de firmas de ciudadanos. Una de las cuestiones que no comparto de esta iniciativa es el registro de usuarios, lo cual considero que puede tener tintes perversos, por lo que si la iniciativa se consolida y pasa el trámite de las firmas, desde Regulación Responsable nos comprometemos a trabajar fuerte para que se elimine este registro, a nuestro modo de ver y dicho desde el respeto, completamente injustificado.
En el caso de la PNL planteada por Ciudadanos, ¿crees que resulta útil o conveniente separar la lucha por la regulación del cannabis terapéutico de la lucha por el cannabis recreativo?
“Entiendo que los usuarios medicinales sufren un padecimiento que hace que su regulación sea más urgente si cabe, pero no me parece una estrategia acertada para el fin último de nuestra plataforma, la regulación integral”
No es la línea que sigue la plataforma, que opta por el estudio de la cuestión de una forma integral. Agradecemos a C’s que, aunque no sea su prioridad y consideren más urgente la regulación del cannabis medicinal, hayan defendido en repetidas ocasiones que apoyarán una regulación integral, por lo que esperamos apoyen la apertura de esta ponencia en la Comisión Mixta. Fuimos la primera organización de la sociedad civil que defendió desde el principio que había que ir a por una regulación integral, eficaz y no mentirosa. Hoy existe una vulneración de derechos al mismo nivel para los usuarios medicinales y recreativos; aunque entiendo que los usuarios medicinales sufren un padecimiento que hace que su regulación sea más urgente si cabe, no me parece una estrategia acertada para el fin último de nuestra plataforma, la regulación integral.
¿Y qué ha sido de la subcomisión que se abrió en el Congreso de los Diputados para estudiar la regulación del cannabis medicinal?
No se abrió, está pendiente de abrirse al igual que está por abrirse la Comisión Mixta para el Problema de las Drogas, la cuestión es cuándo. A día de hoy, la clave está en que en las mesas de las distintas comisiones se pongan de acuerdo y lo incluyan en el orden del día. El pasado 18 de septiembre, en el evento “Políticas contra el dolor”, organizado por el Observatorio Español de Cannabis Medicinal en el CaixaForum de Madrid, asistieron los cuatro integrantes de la Comisión de Sanidad del Congreso: Francisco Igea (C’s), Mae de la Concha (Unidos Podemos), Jesús María Fernández Díaz (PSOE) y Carmen Hernández Bento (PP). Ante la repetida pregunta de muchos pacientes, entre ellos los de la asociación Dosemociones, estos parlamentarios se comprometieron a agilizar esta cuestión.
¿Cómo valoras que el único paso del Gobierno respecto al cannabis haya sido conceder la única licencia de cultivo a Alcaliber, la empresa que ya detenta el monopolio del cultivo de opio en España?
¿Alguien dudaba que algo así pasaría? Esto es normal, el problema no es que le den una licencia a una farmacéutica, el problema es que no haya establecidos unos requisitos y procedimiento concretos para tramitar este tipo de autorizaciones, generándose un agravio respecto del resto de interesados en acceder a ellas. Esta situación hace que se tienda a situaciones monopolísticas, como comentas. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) tendría que establecer unos protocolos claros y postconstitucionales, para que cualquier interesado en solicitar una autorización, ya sea para extracción de CBD, cultivo de cannabis con THC, cultivo para investigación o cualquier otra cuestión susceptible de ser autorizada, supiera cómo proceder de una forma razonable para conseguirla. A día de hoy, los trámites con la AEMPS son lentos y farragosos, y acabas dando más vueltas que una peonza.
¿Por qué crees que es tan difícil aunar esfuerzos en el movimiento cannábico?
Creo que no hay que generalizar. En los últimos tiempos se han producido sinergias muy interesantes que han hecho avanzar las cosas. Cada organización tiene su estrategia y no tiene por qué coincidir con las demás, aunque la evidencia es que se está avanzando mucho más ahora –con más actores, aunque poco coordinados–, que cuando no había tantos actores en el movimiento cannábico.
Una de las líneas de actuación de RR es establecer contactos con todos los partidos, ¿ha servido de algo?
Desde luego que sí, ha sido imprescindible. Es por ello que en este año 2017 se han planteado más iniciativas que en toda la historia del movimiento cannábico, en el ámbito tanto estatal como autonómico, y que decir de la gran Mani·Fiesta·Acción! por una Regulación Responsable, que consiguió congregar a más de veinticinco mil personas en la Puerta del Sol de Madrid, contando con la presencia por primera vez de representantes políticos de todos los partidos pidiendo una regulación integral. Fue algo histórico, y eso no hubiera sido posible sin el trabajo de cocina que llevamos haciendo durante los últimos años. En estos momentos hay una relación de trabajo con todos los partidos a excepción del Partido Popular, con el que no la hay tanta, aunque también estamos en contacto con ellos de una forma cordial.
La España plurinacional se retrata también en las distintas políticas hacia el cannabis. Hagamos un repaso en el ámbito autonómico, ¿cuáles son las comunidades que más han avanzado en el camino hacia la regulación?
Por lo ambicioso de su ley, la más avanzada es Cataluña con La Rosa Verda, impulsada por la sociedad civil y legitimada por más de cincuenta mil personas mediante sus firmas y con un aplastante apoyo de todos los grupos excepto los votos en contra del Partido Popular y una abstención. Siempre hablando de clubes sociales de cannabis, claro está, dado que, en el resto de las cuestiones a tener en cuenta para una regulación integral, como por ejemplo el autocultivo, para nosotros uno de los pilares fundamentales de una regulación, no ha supuesto ningún avance.
En Euskadi se incluyó un artículo en la Ley de Adicciones con un reconocimiento expreso a los clubes sociales de cannabis tras dos años de ponencia parlamentaria impulsada por la sociedad civil, y en la Comunidad Foral de Navarra se aprobó otra ley también a través de un proceso de ILP, aunque menos ambiciosa que la catalana, una ley pionera en todo caso. Ambas leyes han sido recurridas al TC y de momento están suspendidas.
En el resto de comunidades, y conociendo ya la estrategia del Partido Popular de bloqueo constante y recursos ante el Tribunal Constitucional, se ha optado por coordinarse con la estrategia estatal y apoyar desde las distintas autonomías una ponencia parlamentaria de estudio en la Comisión Mixta de Drogas del Congreso y el Senado, mediante la presentación de distintas iniciativas (siempre dentro de sus competencias incuestionables), para instar al gobierno a su apertura, además de otras cuestiones vinculadas, como en algunas de las iniciativas, solicitando la regulación con carácter urgente del autocultivo. Estas comunidades son Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Asturias, Andalucía, Madrid, Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana. Algunas de estas iniciativas se han votado ya, y otras están por votarse.
“Lo peor sería que no pasara nada: millones de usuarios criminalizados, sanciones inmorales, derroche absoluto y no justicado de recursos públicos, vulneración de derechos fundamentales... Cualquier avance será positivo”
En Aragón, la Rioja, Galicia y Castilla-la Mancha, aunque no se han planteado iniciativas en este sentido por parte de ningún grupo parlamentario, Regulación Responsable ha registrado ya propuestas de PNL para plantear en estos parlamentos, si bien en las Cortes de Aragón, donde comparecimos el pasado 12 de septiembre, tras nuestra exposición, una mayoría parlamentaria se mostró ya favorable a registrar esta iniciativa, cuestión en la que actualmente estamos trabajando.
En el Parlamento balear hay una ponencia parlamentaria que está próxima a finalizar, que seguro concluirá con una petición similar al Gobierno para abrir esta ponencia y proceder a una regulación.
Todo concluye en la necesidad de una ley a nivel estatal que regularice la producción, distribución y acceso al cannabis. ¿Con qué margen juegan las autonomías para poner orden en el asunto y que los usuarios no vivan en esta inseguridad jurídica y sanitaria?
Independientemente del margen con el que cuentan, que bajo mi punto de vista es reducido de cara a implementar una regulación integral, lo que es evidente es que el Partido Popular va a bloquear esas iniciativas mediante recursos ante el Tribunal Constitucional, y este suspenderá las mismas hasta que resuelva los recursos; es algo que ya pasó en Euskadi y en Navarra, y más que previsiblemente pasará en Cataluña con la Rosa Verda. La clave ahora, una vez que la presión desde las autonomías al centro ya está orquestada, es centrarse en el ámbito estatal volcando ahí todo nuestro esfuerzo para que esta ponencia se desarrolle lo antes posible.
¿Cuáles son los siguientes pasos que va a emprender RR para seguir avanzando en su objetivo?
Además de lo comentado, seguiremos trabajando para convencer a la minoría de ciudadanos que aún no están convencidos de que es necesaria una regulación responsable e integral del cannabis. Continuaremos también nuestra labor en la vía judicial con la estrategia de recursos ante el Tribunal Constitucional que venimos desarrollando desde la publicación de la sentencia 484/2015 del Pleno del Tribunal Supremo, donde cristaliza la estrategia de criminalización de los clubes sociales de cannabis iniciada por la Fiscalía General del Estado con su instrucción 2/2013. El caso Ebers ha marcado un antes y un después en la existencia de los clubes sociales de cannabis. El Ministerio Fiscal, tras estudiar nuestro recurso, ha considerado uno de los motivos de anticonstitucionalidad que planteamos, manifestando que la sentencia del Tribunal Supremo vulnera derechos fundamentales y pidiendo su anulación. Ahora la pelota está en el tejado del Tribunal Constitucional, porque, aunque este informe del Ministerio Público no es vinculante, sí que le debe influir notablemente por venir de quien viene.
Juguemos a predecir el futuro de la regulación del cannabis en España. En el peor de los casos, ¿qué puede pasar?
Lo peor es que no pase nada: millones de usuarios criminalizados, sanciones inmorales, derroche absoluto y no justificado de recursos públicos, vulneración de derechos fundamentales… Cualquier avance será positivo, solo puedo decir que seguiremos trabajando con toda nuestra pasión y energía para conseguir una regulación integral. No nos conformamos con menos, y no pararemos hasta conseguirlo.
¿Y en el mejor de los casos?
Que se vea implementada nuestra propuesta, Los cinco pilares del cannabis. En definitiva, una regulación integral que tenga en cuenta la libertad, la dignidad y los derechos de todas las personas usuarias desde unos planteamientos respetuosos con la sociedad en su conjunto.
