“Algo huele a podrido en Dinamarca” es una célebre frase de Shakespeare que podría perfectamente describir la situación de Honduras durante las últimas décadas. En ese lapso hubo un golpe de estado y dos expresidentes señalados de ser narcotraficantes. En los últimos cuatro años del mandato del presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), este era un narcotraficante perseguido por la justicia estadounidense. Su hermano Toni Hernández había sido detenido en noviembre del 2018. Durante el juicio, en el que le condenaron a cadena perpetua, se hablaba del papel que ejercía el presidente protegiendo a narcotraficantes. A pesar de las evidencias, los yanquis tuvieron que esperar a que Hernández terminara su mandato para emitir la orden de detención y deportarlo a Estados Unidos, donde espera el inicio de su juicio.
Los hermanos Hernández nacieron en Gracias a Dios, una ciudad del departamento de Lempira. Como no podía ser de otra forma, su familia era muy católica (de hecho, eran del Opus Dei). Sus padres no creían en los métodos anticonceptivos: el presidente fue el hijo número quince de la pareja, mientras que Tony, el diecisiete, es el más pequeño de la familia. Durante su presidencia, Hernández hizo gala de su fe al introducir una oración al empezar el día en los colegios y obligar a la lectura de la Biblia. También prohibió, en la Constitución, los matrimonios entre personas del mismo sexo y el aborto. El estricto código moral de los hermanos Hernández no se aplicaba a la cocaína.
La carrera política de Juan Orlando Hernández empezó en el 2001, cuando fue electo diputado por el departamento de Lempira. En esa época su hermano Tony era abogado y, por sus clientes, empezó a entrar en contacto con narcotraficantes –al menos desde el año 2004, según se señaló durante su juicio en Estados Unidos–. Aunque en Honduras no encontramos cárteles del tamaño de los mexicanos y los colombianos, los que existen se dedican a transportar cocaína desde Colombia y hacia México. Uno de los cárteles con los que Tony Hernández trabó relación fue con los Cáchiros. En sus inicios se dedicaban al robo del ganado, pero con el boom cocalero de los ochenta y noventa cambiaron de negocio.
Tony nunca fue un gran capo, sino más bien un intermediario: ofrecía a los narcos protección de la Policía y el Ejército (con la ayuda de su hermano) para que los cargamentos de coca que llegaban por tierra desde Costa Rica fueran enviados de manera segura hasta la frontera guatemalteca. Desde su despacho jurídico también ayudaba a los traficantes a lavar sus recursos. Parte del dinero que recibía lo utilizaba para financiar las campañas políticas del Partido Nacional, al que pertenecía su hermano. A principios del 2009 hubo un golpe de estado en Honduras y a finales de ese año el Ejército convocó a unas elecciones en las que Porfirio Lobo se convirtió en presidente. Juan Orlando Hernández ganó su escaño y fue electo presidente de la mesa del Congreso. Según la acusación de la Fiscalía estadounidense, en esas elecciones recibieron 1,1 millones de dólares del narcotráfico.
Con Lobo en la presidencia, el negocio de los Hernández se expandió. Honduras, además, no tenía tratados de extradición con Estados Unidos y en unos años el país catracho se convirtió en un hub para el cártel de Sinaloa. La situación preocupaba al gobierno de Barack Obama. Durante una visita a Washington de Lobo y Hernández, les exigió incluir los tratados de extradición, algo que hicieron a su vuelta (Hernández era el presidente del Congreso). A cambio, los estadounidenses se comprometían a dar más recursos en ayudas para el desarrollo, dado que Honduras es uno de los países más pobres de América Latina.
El Chapo Guzmán también estaba preocupado por la situación en Honduras, tras el robo de un importante cargamento de cocaína en la frontera de Honduras y Guatemala a finales del 2012. El prófugo más famoso del mundo viajó a Copán, en el 2013, para reunirse con Tony Hernández. Guzmán, según el relato de un testigo protegido, pidió más seguridad para sus envíos. Tony, que entonces también era diputado, le dijo que solo se la podía garantizar si su hermano resultaba electo en las elecciones presidenciales que se celebraron a finales de ese año. El Chapo aportó un millón de dólares en efectivo a la campaña. Según el fiscal estadounidense, la campaña recaudó en total un millón y medio de dólares de dinero de los cárteles.
‘Branding’
En la sentencia de Tony, el auto afirma: “Conspiró con su hermano, presidente de Honduras, provocó brutales actos de violencia y canalizó dinero de la droga para campañas del Partido Nacional a cambio de promesas de protección a los narcotraficantes”
Los Hernández vivieron unos años de opulencia. Estados Unidos consideraba a Honduras un aliado en la región y fluían los dólares para programas de desarrollo, mientras que también fluían los dólares de los cárteles encantados con la tranquilidad que aportaba el régimen. Tony, además, empezó a expandir el negocio. Montó laboratorios clandestinos para procesar su propia marca de cocaína, que empaquetaba con sus iniciales: TH. Su imperio se empezó a tambalear en el 2017, cuando apareció su nombre en un juicio de un integrante de los Cáchiros en Estados Unidos que despertó la curiosidad de la DEA. Unos meses más tarde, en noviembre del 2018, lo arrestaron en Miami y lo juzgaron un año después. Fue condenado a cadena perpetua y a pagar 138,5 millones de dólares por narcotráfico, lavado de dinero y el asesinato de al menos dos personas.
Durante el proceso, el nombre del presidente salió a relucir con frecuencia. De hecho, en la sentencia de su hermano, el auto afirma: “Conspiró con su hermano, presidente de Honduras, provocó brutales actos de violencia y canalizó dinero de la droga para campañas del Partido Nacional a cambio de promesas de protección a los narcotraficantes”. En Honduras, mientras tanto, Juan Orlando defendía su inocencia y acusaba que todo el caso se basa en el testimonio de un narcotraficante, Amilcar Ardón, que había sido alcalde de El Paraíso por el Partido Nacional.
Estados Unidos no podía emitir una orden de arresto en contra de un presidente al que seguía enviando millones de dólares a través de USAID, la agencia estadounidense para el desarrollo. Tuvieron que esperar hasta que terminara el mandato de Hernández, el pasado 27 de enero. Dieciocho días después, un grupo de agentes de la Policía rodearon su casa en Tegucigalpa y lo arrestaron. Las cámaras de televisión le grabaron esposado de pies y manos, algo que Hernández consideró una humillación innecesaria, dado que es la manera como se exhibe a los integrantes de las maras detenidos.
El pasado 21 de abril Hernández fue extraditado a Estados Unidos y su juicio probablemente empezará en el otoño de este año. La Suprema Corte de Honduras autorizó su extradición, basándose en la constitucionalidad de la ley que el propio Hernández impulsó como presidente del Congreso. En Estados Unidos se enfrenta a cadena perpetua, como su hermano. Durante el juicio de Tony, los testigos señalaron la implicación del presidente, y el fiscal incluso describió al país como un narcoestado. Prueba de ello es una presunta cita textual del presidente, en que afirma que quería meter la droga en las narices de los gringos inundando Estados Unidos de cocaína.
El clan Lobo (despiece)
El nombre del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) también salió a la luz en el proceso contra Tony Hernández. Al menos un testigo le señaló por haber recibido dinero del narcotráfico, el mismo testimonio con el que condenaron a Tony Hernández y en el que se basa la acusación contra el expresidente. Parecía que era cuestión de tiempo para que emitieran una orden de aprehensión en su contra, sobre todo después de la detención de su primogénito, Fabio Lobo, quien cumple una condena de veinticuatro años en una prisión estadounidense desde el 2015.
Entre 2009 y 2014, mientras su padre era presidente, Fabio Lobo se encargaba de sobornar a la policía para que permitieran y protegieran el paso de cargamentos de cocaína. Le pillaron con las manos en la masa, literalmente. Dos agentes de la DEA que se hacían pasar por narcotraficantes mexicanos le contactaron en el 2014. Lobo se presentó con policías hondureños para que negociaran el pago por la protección recibida. A los pocos meses le volvieron a contactar para que viajara a Haití para cobrar, y Fabio acudió sin sospechar nada. En cuanto aterrizó en Puerto Príncipe le arrestaron y deportaron a Estados Unidos. Lobo se declaró culpable de narcotráfico durante el juicio.
