Las encuestas de popularidad arrojaron resultados brutales en septiembre pasado: solo el tres por ciento de los peruanos aprobaban el desempeño de su presidenta, Dina Boluarte. Entre los jóvenes menores de 24 años, el cero por ciento aprobaba su gestión, un dato posiblemente inédito en la historia demoscópica. La situación no repuntó al mes siguiente, y el 10 de octubre el Congreso de Perú aprobó una moción de censura para retirarla del cargo debido a su “incapacidad moral permanente”. Los analistas andinos coinciden en que uno de los principales motivos de su remoción obedece a la terrible inseguridad que se vive y al auge de la delincuencia organizada dedicada a la extorsión.
Dina Boluarte fue nombrada vicepresidenta de Perú en julio del 2021. Un año después, en diciembre del 2022, el entonces presidente, Pedro Castillo, intentó dar un “autogolpe de Estado”, disolver el Congreso y hacerse con el control del país. Fracasó y la presidencia recayó en su vicepresidenta. Boluarte se comprometió a convocar unas nuevas elecciones, algo que nunca cumplió. Su llegada al poder fue marcada por protestas por todo el país por la corrupción política y, sobre todo, la inseguridad. En solo tres meses se convocaron 477 manifestaciones por todo el país. Su respuesta fue una brutal represión que acabó con la vida de cuarenta y nueve personas.
Los chantajes en Perú afectan a toda la sociedad. Cada diecinueve minutos se presenta una denuncia por extorsión en Perú (la cifra es evidentemente más alta, dado que este es un crimen que rara vez se denuncia). En el 2017, había apenas un centenar de denuncias por extorsión; entre enero y septiembre del 2025, se registraron más de 21.000 denuncias. En el último lustro han proliferado las bandas que contactan con empresarios y ciudadanos para exigirles el pago de “vacunas”, para proteger su negocio. Si rehúsan pagar les amenazan, les queman el negocio o les asesinan.
Estos crímenes no solo afectan a ricos empresarios. Probablemente, los más afectados son los pequeños negocios en zonas de clase media, y también los camioneros y chóferes de autobuses. Durante el 2025, 180 conductores fueron asesinados por negarse a pagar a las mafias. Tras el asesinato, en octubre pasado, de Daniel Cedeño (un chófer de autobuses al que asesinaron con cinco disparos), los transportistas convocaron un paro nacional. Boluarte responsabilizó –como hace a menudo– a los inmigrantes venezolanos del aumento del crimen (Cedeño estaba casado con una venezolana). En esa ocasión también aconsejó a la población no contestar el teléfono a números desconocidos, lo que provocó durísimas críticas y ayuda a entender ese tres por ciento de popularidad.
Los artistas de la farándula también están en la diana de los extorsionadores. En marzo pasado, Paul Flores, cantante de un famoso grupo de cumbias, fue asesinado al terminar un concierto cuando el autobús en el que viajaba fue atacado por sicarios. Era el segundo atentado contra la banda, que se negaba a pagar un cupo. En su velorio, otros artistas relataron que también tienen que lidiar con extorsionistas. Christian Yaipén contó a la prensa que tienen escoltas con ametralladoras y que, en sus conciertos, llevan a francotiradores, que, subidos a los andamios de las luces, buscan frenar cualquier intento de atentado.
El boom de los chantajes se dio a raíz de la pandemia de COVID. Cuando se cerró todo y la gente no salía a las calles, los ladrones tuvieron que reinventarse y empezaron a extorsionar a través de WhatsApp. También con la pandemia llegaron al país integrantes venezolanos del cártel del Tren de Aragua, que se asentaron en Perú atraídos por la cercanía a Venezuela, la relativa paz y las plantaciones de hoja de coca en Los Andes.
El Monstruo
Erick Moreno, apodado “el Monstruo”, es el criminal más buscado de Perú. Las autoridades le señalan como uno de los principales responsables de las extorsiones. Hay una recompensa de 250.000 $ para su captura y, según la Fiscalía, es quien está detrás de los asesinatos a transportistas y del cantante Paul Flores, en marzo pasado. En esas semanas el gobierno redobló sus esfuerzos por capturarle y Moreno escapó a Brasil. Allí, presuntamente, se alió con un cártel –el Primeiro Comando da Capital (PCC)–, que le permitieron montar una red de extorsión en Brasil, una extensión de lo que hace su grupo, Los Injertos del Cono Norte, en Perú.
"Han proliferado las bandas que contactan con empresarios y ciudadanos para exigirles el pago de “vacunas”, para proteger su negocio. Si rehúsan pagar les amenazan, les queman el negocio o les asesinan. Durante el 2025, 180 conductores fueron asesinados por negarse a pagar a las mafias"
Esto llevó a la creación de una fuerza andino-brasileña que buscó detener a Moreno. Antes de que pudieran hacerlo huyó a Paraguay y luego a Bolivia. En este último país fue arrestado el pasado 7 de octubre. A pesar de las órdenes internacionales de aprehensión, los policías le dejaron ir después de recibir un soborno. Lo soltaron al cabo de siete horas, durante las cuales le llevaron a diversos puntos a recoger dinero, según relató la esposa de Moreno a un programa de televisión. El otro gran cártel de la extorsión peruano es el Barrio King, que se dedica al tráfico de drogas desde el 2000, operando en el puerto de Callao. Su líder más visible es Caracol, quien está preso desde el 2016, pero aun desde la cárcel se ha subido al tren de las extorsiones.
El gran problema de Perú, además de las bandas de extorsionistas, es la corrupción de sus políticos. En los últimos ocho años ha tenido siete presidentes. Tan notoria es la corrupción que, en el 2007, se habilitó a las afueras de Lima un cuartel de policía para albergar el Penal de Barbadillo, que sería el hogar del expresidente Alberto Fujimori, que cumplió una sentencia por violaciones a los Derechos Humanos hasta el 2023. Originalmente tenía capacidad para dos reos (cada celda mide 800 metros cuadrados y tiene un dormitorio, comedor, cocina y jardín). Sin embargo, la increíble corrupción de los presidentes peruanos hizo que la cárcel tuviera nuevos inquilinos, y Fujimori compartió celda con otros exmandatarios: Ollanta Humala y Alejandro Toledo. A ellos se sumó, durante unos meses, Martín Vizacarra.
¿Se unirá Dina Boluarte a esta selecta vivienda? Tiene papeletas. La exmandataria se enfrenta a tres juicios por corrupción, dos de ellos involucran a su hermano Nicanor, quien vendía cargos públicos (presuntamente, con la venia de su hermana). Nicanor ha estado preso y enfrenta varios juicios por tráfico de influencias. A Dina Boluarte también se le investiga por el caso Rolex (apareció en vídeos usando relojes y joyas de alta gama que no figuran en su declaración patrimonial). El cuarto caso, llamado “Cirugía”, tiene que ver con una serie de cirugías plásticas que se realizó siendo presidenta y sin avisar al Congreso que estaría bajo anestesia durante unas horas.
Quizás tendrán que construirle una segunda planta al Penal de Barbadillo. El sucesor de Boluarte es el presidente del Congreso, José Jeri, quien dirigirá al país hasta las elecciones de abril próximo –si no hay sorpresas, claro–. En enero pasado fue acusado de agredir sexualmente a una mujer de treintaiún años cuando esta se encontraba inconsciente. La causa se archivó en agosto pasado, aunque el tribunal ordenó al político cumplir con tratamiento psicológico. También ha enfrentado cargos por corrupción y enriquecimiento ilícito. Parece que está opositando, junto a Boluarte, a obtener plaza en Barbadillo en abril del próximo año.
